Y hasta el martes, los opositores de la privatización del 57,61 por ciento de la Nación en la generadora que atiende un 20 por ciento de la demanda de energía del país, insistirán con tutelas suspender el dilatado proceso de enajenación que comenzó el gobierno Santos el 31 de julio de 2013.
Incluso, algunos guardan la exigua posibilidad de que el Consejo de Estado se pronuncie por las demandas pendientes de fallo, mientras otros harán plantones, como el que se realizará este martes en Medellín a las 4:30 p.m. en el Parque de las Luces, al frente de La Alpujarra.
Entre tanto, la enajenación dividió opiniones entre congresistas; el Comité por la Defensa de Isagén emprendió una tutelatón que hasta hoy no ha dado resultados; y altos funcionarios salieron a medios a mostrar las bondades de la venta del 57,61 por ciento de la Nación y por la que se esperan no menos de 6,48 billones de pesos, unos 1.984,5 millones de dólares al cambio vigente.
La Contraloría General de la República, CGR, también salió al ruedo del debate respondiendo al senador Jorge Robledo, que no tiene las facultades para activar una vigilancia fiscal del proceso de enajenación.
De paso, el ente de control planteó la posibilidad de que la privatización del control accionario pueda afectar la estructura tarifaria del sector eléctrico y la dependencia de compañías particulares para expandir la oferta energética del país.
“La evidencia empírica ha demostrado que las empresas con participación estatal son mayoritariamente las emprendedoras de grandes proyectos, con un importante nivel de cumplimiento en su construcción”, señala el informe de la Contraloría.
Fallos pendientes de la justicia
El Consejo de Estado salió a vacaciones sin fallar en tres demandas que, por distintas razones, buscan detener la venta de Isagén. Una fue interpuesta por 12 senadores de cinco partidos alegando falsa motivación, por diferencia de justificaciones entre el decreto que activó la venta y lo dicho por el Gobierno. Otra es del colectivo Dueños de Isagén, que reúne a más de 400 empleados y extrabajadores, que reniegan de topes puestos al sector solidario. Una más es de la Red de Justicia Tributaria argumentando que es inconstitucional que plata de la venta no ingrese al presupuesto de la Nación. También el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no ha fallado en demanda del expresidente Álvaro Uribe.
¿Por qué se debe vender?
Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda
“Isagen le ha venido dando dividendos al Gobierno por 200 mil millones de pesos al año. La energía eléctrica en Colombia es un mercado eminentemente privado, esto no es pasar de un modelo público a uno privado. Hoy el país tiene un reto, que es la construcción de la infraestructura de transporte. Aquí lo estratégico es transformar unos activos invertidos en el sector eléctrico para invertirlos en vías”.
¿Por qué no se debe vender?
José Roberto Acosta, Red de Justicia Tributaria
“El Gobierno le vendió al país la idea de que si no se vende a Isagén no habrá obras de infraestructura, cuando se le presentaron 22 alternativas financieras y ninguna le sirvió. Además eso de salir a medir la rentabilidad de Isagén solo por los dividendos que entrega es desconocer el aporte de la empresa a la generación del país, con proyectos como Hidrosogamoso, así como su notable gestión social y ambiental”.
