El Gobierno de Iván Duque continúa con la vieja “tradición” colombiana de realizar una reforma tributaria cada dos años. Así es que presentó en el mes de octubre la llamada “ley de financiación”, que ya sufrió dos modificaciones y que despierta protestas en todo el país.
En su primer borrador, la reforma planteaba como eje central gravar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) todos los productos de la canasta básica familiar. Luego de varias manifestaciones de los sectores medios y bajos de la población, este punto fue quitado de la ley de financiamiento.
Esto significó que la meta de 14 billones de pesos (4.306 millones de dólares) que el Gobierno buscaba recaudar con tributos tenga que ser reducida a 7,5 billones de pesos (2.290 millones de dólares).Dentro de la propuesta que prosperó se incluye subir el impuesto a la renta de las personas y bajar, e incluso realizar exenciones, a los tributos de las empresas.
Mario Alejandro Valencia, vocero de la Red por la Justicia Tributaria de Colombia, conversó con Contante y Sonante, y aseguró que esta nueva propuesta “llega para cumplir con las promesas de campaña”.
“Duque prometió que iba a bajarle los impuestos a las grandes empresas que operan en Colombia. Para poder compensar esos recursos le tiene que subir los impuestos a los hogares colombianos, a la clase media, que ya está muy golpeada porque llevamos 13 reformas tributarias en las que sistemáticamente se ha afectado el consumo de los hogares colombianos”, explicó Valencia.
El vocero de la Red también afirmó que la política económica del Gobierno colombiano es una “feria de la improvisación” que se refleja en el manejo de esta propuesta de reforma tributaria que, a dos semanas de ser votada en el Congreso, aún no cuenta con el respaldo político necesario.
Tomado de: Sputnik News