La denuncia la hizo el director de Cedetrabajo (Centro de Estudios del Trabajo), Enrique Alfredo Daza Gamba.
Los argumentos para sostener esa tesis fueron plasmados en una tutela que ante un juez radicó el director de Cedetrabajo (Centro de Estudios del Trabajo), Enrique Alfredo Daza Gamba, contra la administración de justicia, alegando presunta omisión del Consejo de Estado en el caso de la venta de acciones de la electrificadora.
Según Daza Gamba, con la venta se estaría violando el derecho al debido proceso y el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia que, presuntamente, se vio amenazado por la omisión en la que habría incurrido la magistrada de la sección primera del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso.
En el documento, que fue radicado ante un juez, Daza Gamba argumenta que aunque se solicitó la suspensión provisional de la enajenación de la electrificadora, a través de la revisión de unas medidas cautelares y otros recursos, no se habría hecho una revisión pertinente a la solicitud.
Ante dicha situación, Daza Gamba asegura en el proceso de venta de la electrificadora, que empezó a mediados de 2013, sería inconstitucional debido a que no se han tenido en cuenta los diferentes recursos judiciales interpuestos para evitarla.
