El Gobierno Nacional ha incumplido lo acordado en 2013 con las madres comunitarias y trabajadoras de los hogares infantiles, en el sentido de  garantizarles un contrato a término indefinido, dar continuidad en el trabajo a muchas de las más experimentadas y asegurarles condiciones laborales dignas y el disfrute pleno de sus derechos.

La tercerización de los servicios de alimentación y el manejo administrativo en las regiones, han significado una enorme operación clientelista que perjudica a los niños, como lo demuestran denuncias recientes en todo el país. Los recursos, que debían estar dedicados a la atención de los niños, se han manejado en forma irresponsable con finalidades electorales y para favorecer la clientela de los políticos regionales.

Las madres comunitarias, que se encuentran entre las miles de mujeres que sufren discriminación y carecen de derechos laborales, han librado una lucha ejemplar de cuyo éxito depende el bienestar de millones de niños.

La Red por la Justicia Tributaria en Colombia, que tiene entre sus objetivos velar por el correcto uso de los recursos públicos, se solidariza con el movimiento de las madres comunitarias y exige al Gobierno Nacional una pronta satisfacción de sus demandas.

Red por la Justicia Tributaria en Colombia