EL TIEMPO

Tener cuentas en un régimen ‘offshore’ no siempre implica ilegalidad, pero hay que estar alerta.

Colombia, al igual que todos los países del mundo, se está movilizando para poner el ojo en los recursos de colombianos en Panamá, luego del destape de la investigación denominada ‘Panama Papers’, basada en filtración de información del gabinete panameño de abogados Mossack Fonseca, experto en crear empresas de papel.

Aunque, según el portal Connectas, socio en Colombia de la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), habría cerca de 850 colombianos con negocios en paraísos fiscales, no todos tienen una intención ilegal.

Es por eso que las investigaciones que adelantará el país, en torno a este tema, tendrán que ser minuciosas, pues se trata de revisar uno por uno los casos.

El presidente Juan Manuel Santos indicó desde Guatemala que el país librará una lucha contra la evasión de impuestos, el lavado de activos y el crimen organizado. “Estoy seguro de que un componente de toda esa información tiene que ver con la lucha que estamos dando”.

Por su parte, la Red de Justicia Tributaria colombiana señaló: “Colombia estaría perdiendo 6.000 millones de dólares anuales en impuestos, como consecuencia de la falta de mecanismos rigurosos para evitar que los capitales sigan evadiendo a la administración tributaria”.

Las cifras en este sentido, por tratarse de una actividad ilegal, siempre son inexactas, pero se estima que hay alrededor de 95 billones de pesos en recursos colombianos escondidos en paraísos fiscales del mundo, pero principalmente en Panamá.

Cabe recordar que los paraísos fiscales son utilizados para la evasión tributaria y el lavado de activos, teniendo en cuenta que allí no se paga impuesto porque la intención del país que adopta el régimen ‘offshore’ es atraer inversionistas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) define un paraíso fiscal como una jurisdicción en la que falta transparencia, las leyes no permiten intercambio de información financiera, se mantiene estricto secreto bancario y se permiten beneficios tributarios para atraer inversionistas”.

En Colombia, la Dian ha tomado medidas para intentar repatriar recursos que no han sido declarados en el país y que tampoco pagan impuestos en estos lugares, debido a que el régimen ‘offshore’ no causa tributos y tiene legalmente la posibilidad de mantener la información en secreto.

Con Panamá, en particular, el país está en proceso de negociación, para establecer un acuerdo que permita visualizar los capitales ocultos que se encuentran en el vecino país.

La no tributación sobre los recursos de colombianos en los paraísos fiscales es un golpe a la bolsa fiscal del país, con la cual se financian los programas sociales que benefician a los ciudadanos de menores ingresos. La evasión también genera efecto sobre la competitividad de las empresas que le juegan limpio al país. De ahí la importancia para Colombia, de esclarecer la información y llegar hasta el fondo de los datos revelados por la investigación ‘Panama Papers’.