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A raíz del escándalo denominado como los papeles de Panamá, la Red de Justicia Tributaria exigió al Gobierno que informe el estado de las negociaciones con el vecino país, para suscribir un acuerdo de intercambio tributario que permita fortalecer la lucha contra la elusión y la evasión de impuestos.

Según este organismo, “han pasado 18 meses y el Gobierno todavía no ha resuelto el tema con Panamá, y están en juego 14.125 millones de dólares que han sido depositados en los denominados paraísos fiscales y que han dejado de ingresar al país por este tipo de acciones irregulares”.

De hecho, Justicia Tributaria envió un cuestionario a la Dian para indagar el estado de estas negociaciones y el 1 de marzo de 2016 este organismo respondió:

“Sobre la actualización del listado de paraísos fiscales el Gobierno Nacional lo hará cuando lo considere pertinente. Sobre los efectos en el recaudo, de haber excluido a Panamá como paraíso fiscal, la DIAN afirma que no cuenta con información sobre los efectos tributarios del retiro de jurisdicciones de la lista de paraísos fiscales y agregó que las negociaciones con Panamá, después de siete rondas “son de carácter confidencial”.

Según datos de la Dian, estas negociaciones completan 30 encuentros sin que haya aún humo blanco para sellar un acuerdo de intercambio de información tributaria y fiscal.

“Los recientes escándalos denunciados por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, ponen de presente las denuncias que Justicia Tributaria, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y la Alianza Global por la Justicia Fiscal hemos realizado durante años”, indicó el organismo.

El vocero de esta entidad, Mario Alejandro Valencia, indicó que “nuestros países pierden millonarios recursos por cuenta de la inacción de sus Gobiernos en definir y perseguir a grandes multinacionales y millonarios, que eluden impuestos a través de paraísos fiscales”.

Según estudios, Colombia dejaría de recaudar 6.000 millones de dólares anuales en impuestos, como consecuencia de que el Gobierno no ha establecido mecanismos rigurosos para evitar que los capitales sigan evadiendo a la administración tributaria.

El vocero dijo que en la reforma tributaria de 2012 se exigió la definición de un listado de paraísos fiscales, la cual se cumplió un año después, con el Decreto 2193, en donde no se incluyó a Panamá, Suiza, Bermuda, Barbados, Luxemburgo y Holanda, algunos de los considerados con mayor opacidad en el manejo financiero.

“En octubre de 2014 lo incluyó en la lista y en menos de un mes, tras las presiones y chantajes panameñas, lo excluyó y prometió que en septiembre de 2015 resolvería de fondo”, sostuvo.

Justicia Tributaria exigió también al Gobierno que le informe al país el impacto que tiene sobre las finanzas públicas la elusión tributaria a través de paraísos fiscales y reveló que alrededor de 14.125 millones de dólares en depósitos de empresas y personas naturales colombianas estarían en Panamá en bancos como Bancolombia, Davivienda, Bogotá, Colpatria, Corficolombiana, Helm Bank y Occidente, entre otros.