Un electrizante debate se realizó en las Comisiones Tercera y Quinta del Senado de la República, el martes 15 de octubre, en torno a la polémica venta de ISAGEN por parte del Gobierno. Aunque el Ejecutivo insiste en que el dinero se invertirá en obras de infraestructura, miembros de la oposición y la coalición de gobierno coinciden en que se afectaría la estabilidad energética de la Nación, máxime cuando presenta al año una rentabilidad del 17%.

Debate. El senador Jorge Robledo aseguró que la empresa vale más, que no la venderán por mala sino por buena, “es como matar la gallina de los huevos de oro” al venderla a menos precio, y podría presionar alzas en las tarifas de energía. Mauricio Lizcano, por ejemplo, argumentó varias razones por las cuales el Estado no debe vender esta empresa mientras esté generando importantes utilidades, que superan los 450 mil millones de pesos, a diciembre del 2012.

Se observó en el recinto que varios organismos de control hacen seguimiento constante a lo que vaya a suceder con este negocio. La Contralora Sandra Morelli pide mesura  a la hora de sacar a la venta las acciones, que algunos prefieren que primero las adquieran los empleados y pensionados de la empresa, cuyo decreto de venta se expidió discriminando al sector solidario del país porque limita su participación y por tanto viola la ley.

Le advirtieron al Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que aparte de los problemas políticos y de opinión que puede generar su decisión, están los legales: ya tiene tres acciones judiciales en contra, entre ellas, la interpuesta por Mario Valencia, de la Red de Justicia Tributaria. Ya el Procurador había radicado un escrito ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que se muestra en desacuerdo por la venta de ISAGEN porque se afecta el derecho colectivo al patrimonio público, y añade que en los documentos allegados al proceso no se encuentran estudios verídicos sobre el verdadero valor de venta.  El Procurador sugirió, en consecuencia, suspender los actos de esta enajenación.

Algunas intervenciones coinciden con varias de nuestras posturas en DEBATE: que esta venta de activos se puede constituir en un despilfarro del ahorro nacional tratándose de un gobierno derrochón y lleno de burócratas, y que al enajenarlos, dice el Ejecutivo, se concentrarían en la función regulatoria. Política que nunca ha esgrimido el Gobierno, solo ahora para justificar un mal negocio, que rompería la estructura de una situación que estimula la competencia, regula el mercado y garantiza las inversiones necesarias para mantener el crecimiento de un sector estratégico.