El costo para financiar la guerra en Colombia ha sido de aproximadamente 179 mil millones de dólares.
Según la investigación realizada por el exviceministro de minas e integrante de la Red por la Justicia Tributaria, Diego Otero, el costo para financiar la guerra en Colombia ha calculado en aproximadamente 179.000 millones de dólares, cifra estudiada desde 1964 a 2016, teniendo en cuenta sólo los gastos públicos. Otero suma como exceso de gasto en guerra el que se cuenta por encima de 1,5% del PIB en el rubro de seguridad y defensa, más un sobrecosto por guerra del 30% en el rubro justicia. También calcula los gastos con un exceso por encima del 1% del PIB y totaliza 142.000 millones de dólares para el mismo periodo.
Estos valores se refieren a los gastos del gobierno nacional, que si se adicionan a los costos del conflicto para el sector privado, los daños a la infraestructura y el Plan Colombia, las cifras aumentan entre 213.000 y 250.000 millones de dólares. La evolución en el tiempo muestra que los gastos aumentaron aceleradamente a partir del decenio de los noventa y que los gobiernos de Uribe y Santos fueron los de las mayores erogaciones, explicando el 64% del gasto total del gobierno.
Para ver la magnitud de los gastos del gobierno nacional, piénsese que el Plan Marshall para Europa Occidental fue de 42.000 millones de dólares de 2014, es decir, entre el 24 y el 30% del gasto nacional.
Así mismo el informe señala que las situaciones de violencia y conflicto armado multiplican el asalto legal e ilegal a las finanzas públicas, lo que se llama la corrupción de guerra que impone contratos desmedidos, evasión de impuestos, pillaje y otras formas de apropiación fraudulenta de lo público, llevando a Otero a la conclusión de que “el gasto del gobierno para atender el conflicto interno colombiano ha sido muy alto, desviando recursos muy importantes que podrían haberse dedicado a actividades productivas con efectos positivos sobre el crecimiento económico y el bienestar social”.
Finalmente teniendo en cuenta el Presupuesto General de la Nación para 2017 presentado por el Gobierno Nacional el pasado 29 de julio, no se tiene en cuenta las necesidades de financiación para la paz, como lo demuestra el recorte para el sector de inclusión social y reconciliación, que cayó 10,6% y el gasto social apenas creció un 2,8%.
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Luisa Martin, jefe de prensa de Justicia Tributaria
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Diego Otero
Integrante de la Red por la Justicia Tributaria
