Contrario a las expectativas del Gobierno Nacional, la audiencia de este próximo 3 de agosto en el Consejo de Estado no pondría punto final a las acciones legales que debaten el futuro de Isagen.
El pasado 8 de julio, el Consejo de Estado convocó por primera vez a una audiencia pública donde se escucharon los argumentos de demandantes y demandados en el caso Isagen. El mismo organismo definió que el próximo lunes 3 de agosto estudiará las pruebas interpuestas en contra de la enajenación.
Y es que no son pocas las tareas que debe cumplir el alto tribunal para poder emitir una sentencia. El 26 de junio del presente año, se admitió una acción de nulidad para frenar la venta, doce senadores de cinco partidos políticos alegaron falsa motivación, al revelar que no existe garantía de que los recursos de la empresa se destinen a las vías 4G, argumento central del gobierno para justificar la privatización.
A esta petición se añadió un recurso de súplica publicado el 3 de marzo. Se solicitó la adición de informes de la DIAN como prueba, muestra del impacto tributario y fiscal que tendría el cambio de domicilio social de Isagén de la ciudad de Medellín, acción que estaría permitida pasados siete años de la compra.
La respuesta de la Sección Cuarta se dio en esta semana y fue negativa, sin embargo, para los magistrados, permanece la responsabilidad de revisar las cuatro demandas aprobadas y su cuantiosa variedad de temas e implicaciones. Las fechas tentativas para un fallo son inciertas, por lo que una prórroga en la decisión será lo más probable.
Las amenazas a la sostenibilidad fiscal, la irregularidad en la expedición del decreto que determinó la venta, y el seguro detrimento patrimonial a la Nación, han incrementado el malestar de la población en general y de aquellas regiones que son particularmente afectadas; cuya oposición a la venta, se ha visto representada por organizaciones sociales, movimientos estudiantiles, sindicatos y el mismo Congreso de la República.
Karen Reyes, asistente de comunicaciones de Cedetrabajo
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