El Espectador. El hueco que en las finanzas del Estado deja la caída en los precios del petróleo hace inminente una reforma tributaria para lo que se ha nombrado una comisión de expertos. Debería acompañarse con medidas y hechos contra el saqueo de los recursos públicos.

Hasta que el petróleo, un 16% de los ingresos fiscales, se puso en el rango de 50-60 dólares, Colombia estuvo ajena al debate mundial sobre la crisis fiscal de los gobiernos. La consiguiente devaluación del peso; el encarecimiento de las importaciones, la deuda pública y privada y sus efectos en la inflación, dejan al país en un escenario para el que ni las autoridades ni nadie estaban preparados.

Una cosa es la estabilidad de las finanzas públicas y otra que el uso de estas ayude, o no, al desempeño general de la actividad económica. Las primeras medidas apuntan a mantener un nivel indispensable de gasto público relacionado, pero no solamente, con el cumplimiento de propuestas y políticas sino con lo que seguramente es más importante: un nivel de gasto que ayude y mantenga la dinámica que ha traído en la última década nuestra economía. Las perspectivas de crecimiento para 2015 comienzan a ajustarse desde un 4.2 a un 3.6% de acuerdo al Banco de la República.

El hueco fiscal ha obligado, por ahora, al gobierno a suspender la ejecución presupuestal estimada inicialmente en el plan de desarrollo del cuatrienio. La inversión se redujo en 17 billones de pesos y ya se tocaron 6 billones en el ejercicio 2015.

Lo que se viene es una reforma que se ha llamado “estructural”, reclamada por la OCDE y también por sectores empresariales. La ampliación de la base tributaria y la incorporación de entidades sin ánimo de lucro, que hoy tienen una tributación del 0.16% de acuerdo con el ministerio de hacienda, son unas primeras medidas considerando que un aumento de impuestos a las empresas les restaría competitividad, actuando como un freno sobre inversión y crecimiento y propiciando reducción de actividades y desempleo.

Pero, complementariamente, lo que vamos a ver es un aumento del IVA aunque nadie hable de ello. Los colombianos, todos, reducirán su calidad de vida y pagarán más impuestos, tan indeseables como indispensables en este momento. A nadie conviene un Estado inerme que no puede cumplir adecuadamente sus funciones.

En el debate que recién se abre sobre el tema se ha extrañado, sin embargo, que no se discuta acerca de la correcta utilización de los recursos que se recaudarán; su transparencia. Sería elemental que el gobierno ofreciera, y la ciudadanía reclamara, una estrategia contra un lastre que, de acuerdo con estudios como el realizado por la comisión de lucha contra la corrupción, ha consumido al menos el 4% del PIB en las últimas décadas, tanto o más que la misma guerra; el 44% de los empresarios en Bogotá señalan que hay sobornos en su sector, conforme a una encuesta de la Cámara de Comercio; por el carrusel de la contratación se dilapidaron más de tres billones de pesos ;el 81% de los colombianos consideran que el fraude al erario está empeorando(Gallup 2014) y un estudio realizado en 59 países (Encuesta global de Fraude EY) muestra que en corrupción empresarial somos sextos en el mundo y campeones en América Latina.

Se viene una reforma estructural de nuestro sistema de impuestos. Necesitamos otra, estructural también, contra la corrupción. Es lo mínimo que se puede pedir¿No?