La Red de Justicia Tributaria radicó ante el Consejo de Estado un memorial de insistencia para que se admitida una demanda en contra del Decreto que autorizó la venta del 57,61 por ciento de las acciones de Isagen que son propiedad de la Nación.

El recurso presentado por Mario Valencia solicita que “mediante auto se defina de urgencia la admisión o no admisión de mi demanda de nulidad, radicada ante su despacho el pasado 10 de noviembre de 2015”.

La demanda busca anular los decretos 1609 y 2316 de 2013 argumentando una presunta violación a la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional.

De acuerdo con Valencia los decretos violan el artículo 4 de la Ley 2226 de 1995 que obliga a que dichos recursos se destinen al Presupuesto General de la Nación “pues el ministro de Hacienda ha manifestado abiertamente que los recursos de la enajenación no harán parte del presupuesto General”.

Así mismo, señala que en este caso tiene incidencia social por lo que pide al Consejo de Estado que admita la demanda y decrete medidas cautelares que frenen el proceso.

Cabe recordar que a finales de 2015 el Consejo de Estado admitió para su estudio otra demanda que presentó un grupo de 12 congresistas de diferentes colectividades, aunque negó la solicitud de suspender el proceso provisionalmente.

Esa demanda la presentaron congresistas del Partido de la U, La Alianza Verde, el Polo Democrático, Centro Democrático y el Partido Liberal, asegurando que la venta no es una medida necesaria y que hay otras alternativas para evitar la venta y obtener recursos similares.

Ya en una primera decisión judicial, la Sección Cuarta del Consejo de Estado estimó que la venta de acciones de Isagén no implica un riesgo para el patrimonio de la Nación ni afecta el principio de democratización de este tipo de procesos que los demandantes alegaban vulnerado.

De acuerdo con la Corporación, dichos decretos observaron las normas de procedimiento de la Ley 226 de 1995 en cuanto a la competencia del Ministerio de Hacienda para adoptar el programa de enajenación, el envío del diseño del programa a la Defensoría del Pueblo, la comunicación del plan de enajenación anual global al Congreso de la República y la fijación del precio.