El Colombiano. El Ministerio de Hacienda está a la espera de la notificación oficial del Consejo de Estado que ordena la suspensión de la venta de Isagén. Anoche trascendió que la sección cuarta de ese tribunal, con ponencia del magistrado Hugo Bastidas Bárcenas, suspendió temporalmente el proceso de enajenación del 57,6% de las acciones que tiene la Nación en Isagén.

De acuerdo con Colprensa, “la sección acumuló tres procesos. Tomó la decisión al estimar que podría existir un posible detrimento patrimonial que afectaría a la Nación”. En el alto tribunal cursan demandas interpuestas por exempleados de Isagén y una por el expresidente Álvaro Uribe, quien le solicitó a su apoderado, Guillermo Rodríguez, que instaurara la acción judicial.

La decisión del Consejo de Estado aparece justo cuatro días antes de la anunciada subasta de la venta de Isagén. En este proceso, como lo anunció el ministerio de Hacienda, participarían tres inversionistas GDF Suez (Francia), Brookfield (Canadá) y Colbún (Chile).

El lunes pasado la Contraloría General de la República planteó las ventajas y desventajas de la venta de Isagén. Aunque resaltó que la Nación podría obtener ingresos entre 4,7 y 9,3 billones de pesos (lo que le permitiría financiar las concesiones viales de cuarta generación), la entidad de control advirtió que la venta podría afectar el mercado de la energía eléctrica y generaría, de paso, una baja en los ingresos del país.

El día siguiente, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, le envió un oficio al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, solicitándole que analice la venta de Isagén, “ por cuanto a la fecha se encuentran en curso 9 acciones judiciales, cuyas decisiones pueden resultar adversas a los intereses de la Nación”.