Por: Gilberto Trujillo.

Qué pena con mis pocos lectores que están acostumbrados a que en esta columna se traten temas de menor importancia y con esta ya serán dos sobre la reforma tributaria; pero es que el desconcierto es de tal tamaño que los empresarios –sobre todo los pequeños que no tienen con qué pagar costosos asesores- están pidiendo a gritos que alguien salga en su defensa para, por lo menos, hacer sentir su voz de protesta.

Y no soy yo, únicamente; la Anif, por ejemplo, -coincidiendo con mi opinión- ya se atrevió a hablar de una reforma para reformar la pasada en vista de los inmensos vacíos de interpretación y aplicación, además del gran desgaste administrativo que van a tener los contribuyentes en la parte logística que, a mi modo de ver, nos tiene haciendo crochet a directivos, contadores –pobrecitos- y asesores.

Por su parte, la Andi –apuntando a lo mismo- logró, por lo menos, que la Dian en su página virtual creara un vínculo especial para poder aplicar la famosa retención al CREE que, reafirmo, es un galimatías.  De ese tamaño fue el despelote que armaron el señor Ministro de Hacienda y el Director de la Dian.

Lo que se viene encima, entonces, es que cuando se empiece a aplicar el régimen sancionatorio de que trata el Título III, del Libro Quinto, del Estatuto Tributario, va a saltar de bulto un “enriquecimiento sin causa” para el Estado por cuenta de la improvisación de unos congresistas ignorantes sobre el tema y que, a cambio de cuotas burocráticas, vendieron su alma –o, mejor dicho, sus pocas neuronas- al mejor postor.

La consecuencia procesal futura, por demás, será la congestión de la jurisdicción administrativa que tendrá a su cargo dirimir la avalancha de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho que le corresponderá estudiar. Con muy pocos visos de prosperidad para la administración, digo yo.

Mientras tanto: los agiotistas –ojalá la Dian revisara las hipotecas que se hacen en las notarías-, los grandes intermediarios en las centrales de abasto, los que comercian con artículos robados –que al igual que las “ollas del narcotráfico” todo el mundo saben dónde están- y, obviamente, los testaferros de los grupos ilegales, siguen pavoneándose en sus lujosos vehículos y atropellando a la gente de bien que, todavía, creemos en un Estado de Derecho.