Denuncias de la Red y el senador Robledo salvaron US$ 1.000 millones en ahorros a los colombianos

Gobierno no actuó con celeridad para proteger las inversiones de los accionistas minoritarios.

Bogotá, 19 de abril de 2016

Así lo expresó José Roberto Acosta, vocero de la Red por la Justicia Tributaria, frente a la suspensión en la Bolsa de Valores de Colombia de la negociación de las acciones de PACIFIC EXPLORATION AND PRODUCTION, anunciada el día de hoy.

Según Acosta, desde 2009 diferentes analistas advirtieron sobre los riesgos que podría haber detrás de los principales accionistas y directores de ese conglomerado económico. Asimismo, “desde marzo de 2012 he publicado 12 columnas de opinión denunciando las actuaciones irregulares de Pacific Rubiales y en abril de 2013 Mario Valencia publicó una investigación titulada: “Pacific Rubiales: cómo hacerse rico en un país sin controles”, en donde se detallan numerosos hechos que atentan contra los intereses del país.

Red por la Justicia Tributaria advierte en el Congreso sobre quiebra de Pacific Rubiales. Intervención de José Roberto Acosta.

Para la Red por la Justicia Tributaria estaba suficientemente advertido que la quiebra de Pacific Rubiales podría ocurrir en cualquier momento. “Por eso tomamos la decisión de apoyar a la USO y demás organizaciones, que conformamos la coalición que exigió la reversión del campo Rubiales a Ecopetrol, la cual deberá hacerse efectiva en junio de este año”, señaló Acosta.

Gracias a las denuncias de la Red y a los debates de control político del senador Jorge Enrique Robledo, se salvaron –además- cerca de 1.000 millones de dólares de los colombianos que estaban invertidos a través de los fondos privados de pensiones en acciones de Pacific a 2013. A partir de los hechos revelados y la negativa de la asamblea de Pacific en otorgar un puesto en la junta directiva a los fondos, estos decidieron vender sus posiciones.

Acosta lamentó que el Gobierno Nacional haya permitido durante tantos años que la empresa actuara de manera irresponsable en la administración de un recurso público como lo es el petróleo. También cuestionó la inoperancia de la Superintendencia Financiera en este caso, que pasará a la historia como uno de los mayores escándalos en el mercado público de valores.

Red por la Justicia Tributaria advierte en el Congreso sobre quiebra de Pacific Rubiales. Intervención de Mario Alejandro Valencia.

A continuación se presentan 20 puntos que prueban lo expresado por Justicia Tributaria:

1. Desinformación a los accionistas minoritarios, pues no toda la información reportada en la Bolsa de Toronto se trasmitía en la Bolsa de Valores de Colombia.

2. Emisión permanente de acciones diluyendo participación de sus accionistas minoritarios por un monto superior a los USD$ 2.200 millones, superior al pagado por ISAGÉN.

3. Compras de otras empresas sin la debida diligencia, como el caso de ALANGE, sancionada por falsear informes financieros en Canadá.

4. Demoras y dilaciones en el cumplimiento del fallo arbitral que Pacific perdió contra ECOPETROL, por el contrato del bloque Quifa.

5. Bloqueo a la Supersociedades para que la definiera como grupo económico, y así evitar responsabilidad solidaria con sus filiales.

6. Ventas masivas de acciones por parte de sus directivos sin la debida información a los accionistas minoritarios.

7. Remuneraciones a sus directivos en montos exorbitantes para la industria, de hasta USD$ 11 millones por cada uno al año.

8. Manipulación de medios de información para favorecer el desempeño de su acción en Bolsa, sin mediar oportunamente información relevante a la respectiva Superintendencia Financiera.

9. Anunció de utilidades por fuera de los canales previstos, en una maniobra de posible desinformación, coincidente con el ejercicio de opciones en acciones por parte de algunos de sus administradores y directivos.

10. Realización por parte de sus directivos de cuantiosas utilidades por valorización de acciones adquiridas como compensación laboral, mediante warrants, sin pagar el más mínimo impuestos en Colombia. (En el año 2011 solo cuatro de sus directivos recibieron por este mecanismo ingresos por USDF$ 250 millones)

11. Posible sanción billonaria a Pacific que, por cuenta de un acuerdo con la DIAN, no ha sido conocido por los accionistas minoritarios. Pero que tanto Primera Página como Noticias Uno denunciaron como fraude fiscal, con cédulas de muertos y empresas fantasmas para lucrar a Pacific Rubiales mediante la sociedad Completium Systems S.A.S.
12. Lo acaecido con la “frustrada” compra por parte de ALFA y HARBOUR, en la que se destaca la extraña intervención de los “bolichicos”, de dudosa reputación como lo detalló Fanny Kertzman.
13. El desplante a las Sociedades Administradoras de Pensiones, que habiendo tenido una participación superior al 10% de Pacific Rubiales, se les negó la participación en su Junta Directiva.
14. Desde abril de 2013, en respuesta a un derecho de petición[1] del Senador Jorge Enrique Robledo, la Superintendencia Financiera Reconoció:
15. Que “…la verificación del cumplimiento de requisitos a que hubiere lugar dentro de un procedimiento como el de emisión de acciones, del que es consecuencia la “dilución de la participación accionaria” corresponde a las autoridades competentes de ese país”[2], refiriéndose a Canadá. Es decir, que nada podía hacer nuestra autoridad del mercado Público de Valores.
16. Que Pacific Rubiales Energy Corp “…informa al mercado, a través del Registro Nacional de Valores y Emisores, que los asuntos relacionados con acciones de la sociedad y conflictos que derive de los derechos que éstas confieran, se deberán resolver ante tribunales de Canadá”[3] Algo que apenas el sábado 16 de abril la Superintendencia Financiera informó explícitamente al público en general.

iii. Que “El capital autorizado de la Compañía consiste de un número ilimitado de Acciones Ordinarias sin valor nominal y un número ilimitado de acciones preferenciales sin valor nominal, por lo que la sociedad puede llevar a cabo emisiones de acciones en forma ilimitada”[4] Con lo que se terminó afectando gravemente a los accionistas minoritarios con la mirada cómplice de la Superintendencia Financiera.

45. Que al 7 de abril de 2013, según la información reportada a la Superintendencia Financiera, las acciones en manos de los Fondos Privados de Pensiones y Cesantías sumaban 45.784.791 acciones ordinarias, equivalentes al 14,38% del total de acciones en circulación en ese momento, fecha en la cual el precio por acción era de $34,680.
46. A partir de la información recaudada por el Senador Jorge Robledo, y a la negativa de la Asamblea de Pacific de aceptar dar una puesto a las Sociedades Administradoras de Pensiones un merecido puesto en la Junta Directiva, estas decidieron vender sus posiciones a tal punto que para marzo del año 2015 ya casi no tenían acciones de esa empresa, ahorrándole millones de pesos en pérdidas a sus afiliados.
47. El 16 de marzo de 2015 en el Congreso de la República, se adelantó el foro de la Alianza Campo Rubiales para Ecopetrol. Allí la Red por la Justicia Tributaria advirtió de manera anticipada sobre el descalabro financiero que hoy termina con la suspensión definitiva de la acción en la Bolsa de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia.
48. El día martes 19 de abril de 2016, mediante el boletín informativo 103 “La Bolsa de Valores de Colombia se permite informar a las sociedades comisionistas miembros, que de conformidad con lo previsto en el artículo 3.4.3.1 del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia, previa coordinación con IIROC de Canadá (The Investment Industry Regulatory Organisation), ordenó la suspensión de la negociación de las acciones de PACIFIC EXPLORATION AND PRODUCTION en la Bolsa”
49. La suspensión y el posible desliste se basan en el anuncio de la Compañía del 19 de abril de 2016, en el que se indicó que con el apoyo de: (i) un comité ad hoc de tenedores de bonos senior no garantizados y (ii) algunos de los prestamistas de la Compañía bajo sus facilidades de crédito, ha suscrito un acuerdo con The Catalyst Capital Group Inc. sobre una restructuración financiera integral (la “Transacción de Restructuración”) que reducirá significativamente la deuda, mejorará la liquidez, y mejorará la posición de la Compañía para enfrentar el ambiente actual del precio del crudo. Debido a las grandes pérdidas (“impairments”) asociadas a la deuda bancaria bajo las facilidades crediticias y a la deuda bajo los bonos senior no garantizados de la Compañía (y el tratamiento que se le dará a dicha deuda de conformidad con la Transacción de Restructuración), las acciones ordinarias actualmente en circulación de la Compañía serán (i) canceladas sin contraprestaciones o (ii) estarán sujetas a una gran dilución de manera que, una vez sea completada la Transacción de Reestructuración, los actuales tenedores de las acciones ordinarias únicamente poseerán, en conjunto, un monto nominal de las acciones del capital de la Compañía reorganizada y del derecho a voto asociado a dichas acciones.
50. Cabe resaltar que es debido a la “gran dilución” a la que se someterán los accionistas actuales como producto del acuerdo con The Catalyst Group Inc. Dilución que se denunció desde el año 2012.
51. Esta dilución continuada es una de las principales razones financieras para que Pacific hubiera terminado como terminó, no es solo por los precios del petróleo. Las reprochables prácticas anteriormente descritas, así como la inoperancia de la Superintendencia Financiera en este caso, pasarán a nuestra historia como uno de los mayores escándalos que afecta gravemente la confianza de los inversionistas y del Mercado Público de Valores.

[1] Respuesta Final 2013028725-000-000 del 15 de abril del año 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Pág. 1

[2] Idem Pág. 1

[3] Idem Pág. 2

[4] Idem Pág. 2