Por: Silvia Margarita Rugeles. Miembro de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia.

El pasado 25 de Mayo en más de 40 países se desarrollaron multitudinarias manifestaciones de protestas contra la transnacional Monsanto, productora de insumos para la agricultura como: pirnaleno, el agente naranja, el glifosato la hormona de crecimiento bovino y otros organismos genéticamente modificados (OMG). Compañías como Coca Cola, Pepsi, Lipton, Pringles y Heinz utilizan sus productos, de los cuales muchos se encuentran en nuestras despensas.

La compañía de San Luis, Missouri, fundada en 1901, ha sido objeto de críticas a nivel mundial por sus productos transgénicos[1] debido al peligro real que representan sobre la salud humana, animales, plantas y el medio ambiente. Estos productos en la actualidad no se cultivan en Europa, con excepción de España y Rumania.

Dentro del proceso de extranjerización de la tierra, Monsanto se ha apropiado de grandes extensiones de terrenos en America Latina. Sus intereses se han posado en México, Brasil, Paraguay, Perú, el Norte de Argentina y por supuesto Colombia para la producción de biocombustibles.

Durante el primer trimestre de 2013, las ganancias de Monsanto crecieron en un 21% sobre las ventas de semillas de maíz para América Latina[2]. Actualmente controla el 90% de la producción y comercialización a nivel mundial, bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos.

En marzo pasado fue aprobada por el Congreso norteamericano la llamada “Ley de Protección de Monsanto”, cuyo clausulado impide a los Tribunales Federales suspender o prohibir la siembra y venta de cultivos transgénicos, incluso si son reconocidos como perjudiciales para la salud humana o el medio ambiente. De esta manera Monsanto, como transnacional, se eleva por encima del sistema judicial. La  “intocable” se encuentra superior al gobierno norteamericano, más no así de sus funcionarios públicos: Senadores, Congresistas, Jefes de Departamento y altos cargos de la Casa Blanca prestan sus servicios a la transnacional. Monsanto descubrió la forma de monopolizar el mercado del hambre, para hacerlo dependiente en el suministro y tecnología, un efecto destructor sobre el empleo, los recursos y el medio ambiente.

Dentro de esta forma de controlar el mercado, Monsanto atenta contra la soberanía alimentaria, que asegura alimentos culturalmente adecuados y suficientes para la población como un derecho. La transnacional privatiza los recursos naturales y productivos, al controlar la tierra, el agua y la biodiversidad por intermedio de sus semillas de maíz y organismos genéticamente modificados.

¿Cómo escapar entonces de las garras de este feroz monstruo supralegal, del que poco se informa sobre su presencia en el país?

Queda de ésta forma abierto el debate para que, en un ejercicio democrático, opinemos sobre éste modelo de producción extranjero, que ya se encuentra invadiendo nuestro territorio desde la costa Atlántica hacia el Centro del país.