El Tiempo
Luego de la negociación lograda, Colombia no tiene ningún proceso en camino con otro país.
Tras la negociación de un acuerdo de intercambio de información tributaria con Panamá, previsto para ser firmado en junio, parece cerrarse en Colombia un capítulo de la novela de los paraísos fiscales, aunque el fin de la historia no se ve próximo.
Esto, porque el país tiene una lista en la que incluye 37 jurisdicciones con regímenes de poca transparencia tributaria, y no solo no hay a la vista negociación alguna con ellos, sino que la mayor parte son lugares a los que nunca ningún colombiano llevaría su dinero para esconderlo, según estiman algunos analistas.
Dicha lista no se modifica desde el 2014. Es decir, de ella no salió ni entró ninguna jurisdicción puesto que, según expresó el director de la Dian, Santiago Rojas, “por ahora, el país solo está en conversaciones para obtener convenios de información tributaria con naciones que no son paraísos fiscales. La lista se actualiza cuando haya lugar a ello”.
No obstante, Orlando Villabona, investigador de la facultad de economía de la Universidad Nacional, advierte que la lista colombiana tiene poco impacto para perseguir los dineros evasores de impuestos.
“No hay más de una docena de jurisdicciones a las que haya que ponerle atención. La mayoría son sitios remotos, donde nunca un colombiano llevaría dinero porque sería muy arriesgado”, señala.
En cambio, están por fuera lugares como Islas Caimán o Bermudas. “Esta última fue la jurisdicción con la que más giros hubo”, expresa Villabona.
Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, “la lista de los países que tienen las condiciones para ser declarados paraísos fiscales es exhaustiva, independientemente de su ubicación geográfica”.
Según Villabona, en el registro colombiano hay jurisdicciones incluidas, pero requieren más lupa (obtener información de plata colombiana allá), como el caso de Bahamas. De hecho, en el reciente debate de control político realizado en el Congreso a la refinería de Cartagena (Reficar), de Ecopetrol, salió a relucir que la estatal petrolera tiene inversiones en ese y otros paraísos fiscales.
Lejos de la de la Ocde
Otro aspecto que llama la atención es que la lista de nuestro país dista mucho de la de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que si bien desde la creación del Foro Global para el intercambio de información fiscal (año 2000) no produce listas y evita usar el término paraíso fiscal, es una de las más aguerridas a la hora de batallar contra los regímenes que permiten el secreto bancario y la no tributación.
La Ocde, por ejemplo, contempla en su registro de territorios a los que ahora llama no cooperantes a Andorra, lugar que para Villabona es otro de los claves para Colombia, y, sin embargo, no está en la lista local. El exdirector de la Dian Juan Ricardo Ortega señala que hay puntos neurálgicos con los cuales Colombia debería apurar un acuerdo para obtener información tributaria, como Hong Kong y Dubái. Y Villabona agrega territorios como Delaware, en Estados Unidos, alrededor del cual hay señalamientos como paraíso, pero poco ojo, pues este lugar ni siquiera figura en ninguna lista.
Al respecto, Santiago Pardo, exdirector de la Dian, opina que si bien hay una lucha agresiva a nivel mundial para acabar con los paraísos fiscales, estos no se terminarán mientras exista Delaware. “Ya casi no hay bancos en ningún país que acepten transacciones ocultas, pero los paraísos solo terminarán el día que Estados Unidos diga: les cobro a los extranjeros”.
Faltan dientes
La ONG Oxfam realizó un informe en el que vaticina que el fin de estos territorios offshore está cerca, y los cataloga como ‘parásitos de la economía mundial y conductores de la corrupción global’.
No en vano se estima que en estos lugares hay entre 21 y 32 billones de dólares (con dieciséis ceros), depositados en los paraísos fiscales, que no tributan nada, según publicó la revista Forbes. Esto equivale a la tercera parte de la riqueza mundial.
Por eso, para Villabona, “Colombia, en particular, necesita ser más audaz y agresivo para arrinconar a los paraísos fiscales”.
El hecho de que en este país solo se tengan rastreadas 35 por ciento de las operaciones internacionales es señal de que apenas se inicia el camino para atacar la evasión de impuestos a través del escondite de dineros en paraísos fiscales.
En este sentido, cualquier estimativo parece quedarse corto, pues recientemente Ortega estimó que los colombianos tendrían inversiones por más de 100.000 millones de dólares en paraísos fiscales, lo que a precio de hoy serían unos 300 billones de pesos.
Sin embargo, solo en el proceso de normalización tributaria que tiene vigente la Dian, para motivar a los ciudadanos que no han mostrado sus recursos ante la entidad recaudadora a que se pongan al día, se han declarado 140 billones de pesos, de los que antes no se tenía noticia.
¿Un débil acuerdo?
Además de la poca audacia que tiene Colombia en la lucha contra los paraísos fiscales, según algunos analistas, el acuerdo con Panamá también sería débil.
Los integrantes de la Red de Justicia Tributaria, por ejemplo, estiman que dos años para obtener información automática –como se acordó– serán suficientes para que los recursos sean trasladados a otros países con regímenes de baja o nula tributación y con garantía de secreto de sus movimientos financieros.
Al respecto, el director de la Dian, Santiago Rojas, aclaró que “la información que se va a obtener de Panamá es retroactiva, es decir, cubre lo que tengan los colombianos hoy en ese país. Por lo tanto, si ahora sacan los recursos y los llevan a otro lugar, de todas maneras lo vamos a saber”.
Villabona, quien también opina que los términos del acuerdo con Panamá son débiles, propone una mano más dura para el que haga transacciones con un paraíso fiscal. “Hay que partir del hecho de que quien invierte en un territorio offshore es porque quiere esconder la plata. Aunque inicialmente se invierta de forma lícita, se vuelve evasión porque después no se declara”.
El investigador de temas fiscales expresa que la retención, por recursos que se mueven a través de paraísos fiscales, debe ser mucho más alta, e incluso llegar al decomiso total de los dineros.
“Colombia puso esa retención en 25 por ciento, mientras que en los países de la Ocde es de entre 30 y 35 por ciento”, concluye.
El castigo por tener nexos con régimenes ‘offshore’
Aunque tener empresas o inversiones en un paraíso fiscal no es un delito en sí, de acuerdo con las normas vigentes en Colombia, un inversionista ubicado en un paraíso fiscal tiene una retención a título de renta sobre los rendimientos financieros y demás utilidades generadas con sus operaciones de portafolio, del 25 y no del 14 por ciento, como es para los demás territorios.
Al efectuar pagos o abonos en cuenta, por cualquier concepto, a los terceros ubicados en paraísos fiscales, la retención a título de renta será del 33 por ciento, según se estableció en el 2014.
