Mercados a la baja y tatequietos jurídicos han puesto contra la pared a esta industria en Colombia. Y la respiración artificial que intenta darle el gobierno no alcanza para esconder que el boom de precios pasó sin pena ni gloria y que estamos en moratoria minera.
Por: Álvaro Pardo. Miembro de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia.
La destorcida energética
Razón Pública. La actual desaceleración de la locomotora minera coincide con los notorios desequilibrios en los frentes fiscal y externo de la economía. Por eso, el gobierno nacional no tiene ahora los argumentos rentísticos que legitimaron esta actividad durante los últimos años.
Los salvavidas lanzados a la minería, como las licencias ambientales exprés, podrían no evitar su naufragio en un mar caldeado por los cuestionamientos crecientes al modelo de desarrollo minero aprobado en 2001.
El desfinanciamiento del presupuesto nacional de 2015, una nueva e improvisada reforma tributaria para recaudar 12,5 billones de pesos, un hueco en la balanza de pagos superior a los 8 mil millones de dólares y la postración de los sectores agropecuario e industrial no son los subtítulos de una película surrealista, sino la realidad de un país que se embriagó con el mediático boom minero y amaneció en la calle.
La pregunta es por qué enfrentamos ahora este panorama, si la locomotora minera supuestamente contribuiría a jalonar el crecimiento de la economía, robustecer las finanzas públicas, consolidar el comercio externo y a corregir sus males sociales. Demasiadas promesas incumplidas.
La respuesta se encuentra en que buena parte de la bonanza quedó en manos de grandes compañías mineras que no compartieron sus ganancias extraordinarias con el Estado, que otra parte se fue en beneficios tributarios, cambiarios y de comercio exterior, y que con lo que quedó algo se hizo, pero poco o nada se avanzó en transformar la riqueza minera en una nación próspera y más equitativa.
Los últimos gobiernos admitieron la reprimarización de la economía y Colombia vivió períodos de ensueño con los muy publicitados aportes de la minería al fisco nacional. Pero llegó la “destorcida” energética, cuya incidencia fiscal se acrecentó con la malograda reforma tributaria de 2012.
Ahora se anuncia una nueva reforma que no tocará ninguno de los privilegios que el Estado paternalista-empresarial ofrece desde la década pasada a la gran minería y al sector financiero.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
En el proyecto de ley de reforma tributaria, el gobierno reconoce la caída de los ingresos petroleros, que el recaudo de la minería es ínfimo porque la renta minera del Estado impuestos + regalías) es penosa, y que Ecopetrol, una empresa estatal que muchos quisieran vender, aporta importantes recursos públicos por la vía de los dividendos. Están cayendo, es cierto, pero es mucho más que lo que aportan el impuesto al patrimonio y el 4X1000 al financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Fuente: Banco de la República
En el frente externo, según las estadísticas del Banco de la República, el desequilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos asciende a 8.100 millones de dólares, un 4,4 por ciento del PIB. De esto no se habla mucho en público, porque es lamentable para un país que alardea de sus exitosas exportaciones minero-energéticas.
El valor de las exportaciones mineras viene cayendo desde 2011, junto con los precios en el mercado, y la inversión extranjera directa en el sector minero, que pasó de explicar el 76 por ciento del total de la IED en 2010 al 48 por ciento en 2013. Ahora por el contrario, presenciamos el auge de los egresos por la repatriación de capitales, el reintegro de utilidades a las casas matrices y los pagos por servicios empresariales a empresas radicadas en los paraísos fiscales.
 La presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Natalia Gutiérrez. Foto: Agencia Nacional de Minería |
Los “salvavidas” no serán suficientes
El 20 de agosto de 2013 el gobierno expidió el documento CONPES 3762 (Lineamientos de Política para el Desarrollo de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos – PINES).
El documento analiza los obstáculos que han impedido el desarrollo de importantes proyectos mineros, de hidrocarburos, energía y transporte, y concluye que los problemas tienen que ver con la demora en la expedición de las licencias ambientales, la consulta previa con comunidades, las relaciones con comunidades en diferentes regiones del país y la compra de predios.
Desde entonces, la gestión oficial se ha orientado a superar esos cuellos de botella, y hace poco se expidió el decreto que reglamenta las licencias exprés, sin duda un acto de absoluta irresponsabilidad de parte de un presidente que en sus discursos posa de ambientalista y en la práctica cede a los intereses desmesurados de las grandes multinacionales mineras.
Pero los intereses Estado – gran minería chocan con una nueva agenda pública que incluye la reacción de algunas comunidades en contra de la minería, nuevos actores que critican el aporte del extractivismo y el frenazo que las altas Cortes le aplicaron a una anquilosada política minera, que además podría convertirse en la piedra en el zapato del posconflicto.
La Sentencia C-123 de la Corte Constitucional y el Auto 49-150 del Consejo de Estado, sobre la constitucionalidad del artículo 37 del Código de Minas y el Decreto 934 del Ministerio de Minas y Energía que lo reglamenta, dejaron virtualmente paralizada a la autoridad minera, como reconoció la nueva presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Natalia Gutiérrez, en declaraciones del pasado 29 de septiembre.
En el artículo titulado “No podemos dejarnos ganar por los ambientalistas radicales” (una frase que parece copiada de un gremio minero), Gutiérrez señaló que más de 8.300 solicitudes mineras se encuentran paralizadas porque “hay una dificultad y es el famoso artículo 37 del Código de Minas, frente al que el Ministerio ya está pensando en hacer una reglamentación, porque la norma nos pone una dificultad adicional y es que tenemos que socializar (sic) unos proyectos mineros antes de otorgar una licencia”. Son varias las cosas que pueden decirse sobre este artículo:
– En primer lugar, es muy desafortunado que la misma autoridad minera piense que “socializar” un proyecto minero con una comunidad es una “dificultad adicional”.
– En segundo lugar, el mismo artículo señala que la Agencia Nacional Minera no se “encarga de los (mineros) ilegales” y deja ese tema en manos del ministerio de Defensa, pero ignora que esa ilegalidad es también responsabilidad de la autoridad minera por su ausencia del territorio nacional y el manejo populista del programa de formalización minero.
– Pero lo más grave es que Gutiérrez no entendió la sentencia de la Corte. Ella debe saber que la Corte va más allá de la simple socialización de los proyectos y dice que dentro del proceso de licenciamiento minero “las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales implicadas las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de las comunidades y la salubridad de la población”.
Muy desafortunados comentarios a menos de ocho días de haber tomado posesión de su cargo. Además de las mencionadas, hay otras decisiones de las Cortes que vienen obligando a la autoridad minera y a las empresas del sector a correr la cerca:
– La reciente decisión del Tribunal Superior de Antioquia que obliga a restituir tierras a la comunidad indígena de Alto Andagueda, incluida la anulación de títulos mineros de grandes compañías;
– La decisión del Tribunal Administrativo de Ibagué que avaló la consulta popular llevada a cabo en Piedras, Tolima, que arrojó un no rotundo a la presencia de AngloGold Ashanti en ese municipio;
– El llamado de atención de la Corte Constitucional a la autoridad minera señalando que la ilegalidad en el sector existe porque ha sido tolerada.
 El Tribunal Superior de Antioquia restituyó 50 hectáreas de tierra del Resguardo del Alto Andágueda a comunidad Embera Katío en el Chocó. Foto: Unidad de Restitución de Tierras |
Moratoria minera a la fuerza
En respuesta a un derecho de petición formulado por la organización Colombia Punto Medio a la Agencia Nacional de Minería sobre la aplicación de la sentencia C123 de 2014 de la Corte Constitucional, la Agencia respondió que “aún no se ha celebrado acuerdos con los entes territoriales”.
De esto se deduce que desde la expedición de la Sentencia, en marzo de este año, el gobierno nacional no ha otorgado nuevos títulos mineros, luego la moratoria minera se hizo realidad y la autoridad minera está atada de manos con las 8.300 solicitudes pendientes. Tampoco puede resolverlas y entregar títulos, pues entraría en claro desacato a una Sentencia de la Corte.
Desde hace muchos años se ha venido insistiendo en que el artículo 37 del Código de Minas -que prohíbe a las autoridades regional, seccional y local establecer áreas donde la minería sea excluida permanente o transitoriamente – es abiertamente inconstitucional.
Este artículo desconoce aspectos sustanciales de la Carta Política, del Estatuto de Ordenamiento Territorial y la competencia de los Concejos municipales para ordenar el territorio bajo su jurisdicción.
Ahora están en mora las altas Cortes de pronunciarse sobre el artículo que declara a la minería como una actividad de utilidad pública e interés social. Esta condición solo puede otorgarse a actividades que prestan un servicio público, pero ¿qué servicio público presta una compañía minera que explota los recursos naturales no renovables del Estado, que es autónomo en la determinación de su uso y aprovechamiento, y que se lucra movido por un interés enteramente particular?
La lamentable arrogancia de la autoridad minera y de las compañías y gremios del sector cierra la puerta al debate amplio y respetuoso, pero es posible que sean las decisiones de las altas Cortes, los movimientos sociales de resistencia, las organizaciones de pequeños y medianos mineros y los estudios académicos y de organismos de control los que terminen de desnudar la precariedad del modelo minero y los que abrirán los espacios para construir un modelo minero al servicio del interés general de los colombianos.
Tomado de: Razón Pública – Colombia
