Asamblea Regional por la Paz, Bogotá, Boyacá y Cundinamarca

Mario Alejandro Valencia, vocero de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia

Bogotá, 7 de noviembre de 2015

Buenos días.

Un agradecimiento especial a la Unión Sindical Obrera, a la Universidad Nacional y al Ministerio del Trabajo por la invitación a participar en esta Asamblea Regional por la Paz.

Quiero comenzar la presentación manifestando el rechazo de la Red por la Justicia Tributaria a la persecución laboral y sindical que se está adelantando desde Ecopetrol y Cerro Matoso. Esto ocurre ante el silencio cómplice del Ministerio del Trabajo. De nuestra parte cuenten con que lucharemos al lado de la USO y de Sintracerromatoso en la defensa de sus derechos sindicales.

Entrando en materia, la Red por la Justicia Tributaria nace como una iniciativa de académicos y movimientos sociales que decidimos unirnos para analizar a fondo la situación tributaria, fiscal y económica del país. En los 3 años desde su creación, la Red ha participado en diversas causas en las que hemos considerado que el Estado ha actuado en detrimento de los intereses nacional, como: las últimas 2 reformas tributarias, el intento de privatización de ISAGÉN, la prórroga del contrato de Cerro Matoso, la permisividad con Pacific Rubiales, los beneficios tributarios al sector minero y financiero, el TLC con Corea y la amenaza de privatización a ISA y Ecopetrol, entre otros temas de interés nacional.

Sin embargo, quiero ser absolutamente enfático en que es una posición de principios de las personas que conformamos la Red, el apoyo al proceso de paz y hemos sido defensores desde siempre, cada uno de los miembros, de una solución negociada al conflicto.

Dicho esto, voy a expresar nuestra preocupación por la forma como se está manejando la economía, y especialmente en lo que está relacionado con el modelo minero-energético del país.

La situación económica actual.

Colombia está atravesando una crisis económica profunda, con características muy similares a las que desembocaron en la crisis de 1999, que ha sido una de las más graves en por lo menos el último siglo.

• La inflación está desbordada, llevamos 8 meses seguidos con tasas superiores al rango meta de inflación fijado por el Banco de la República.
• Lo agrava el hecho de que el crecimiento económico se estancó y la tasa de desempleo comenzó a aumentar y la informalidad supera la mitad de quienes trabajan.
• El déficit comercial de US$ 8.500 millones a julio de 2015 es el más alto en la historia del país y no se ha terminado el año.
• A pesar de la devaluación por encima del 30% este año, las exportaciones siguen cayendo y entre enero a septiembre perdimos US$ 14.968 millones en ventas.
• El consumo de los hogares viene cayendo y la deuda del gobierno aumentando.
• Las últimas dos reformas tributarias aumentaron la carga sobre los trabajadores y la clase media, trayendo como consecuencia que la concentración de la riqueza se mantenga intacta. De hecho en Colombia ocurre un fenómeno atípico, y es que la desigualdad no disminuye después de impuestos, lo que es prueba que en Colombia el Estado actúa como un agente confiscador de bienestar.
• No hay un solo TLC en que Colombia esté ganando. De hecho con Estados Unidos, por ejemplo, en los 3 años de TLC se han perdido más de $ 30 billones de pesos en comercio.
• El gobierno ha intentado en repetidas ocasiones de extranjerización la tierra, y además según el último censo, la concentración es altísima: el 41% de la tierra está en manos del 0,4% de la población. Y la pobreza rural es el doble que la urbana, llegando casi a la mitad de la población del campo.
• Y en la industria hay una política oficial liderada por el presidente Santos y su Ministra Cecilia Álvarez para perseguir y acabar con la poca producción manufacturera que queda en el país. No solo con la firma de tratados de libre comercio, sino que ahora se han inventado una especie de bloque de búsqueda en contra de la industria, llamada Superintendencia.

Si se analiza con rigurosidad, es inevitable concluir que la estructura económica de Colombia funciona muy mal, que las políticas son contrarias a un interés por desarrollar al país y que la Nación es incapaz de garantizar altos estándares de calidad de vida para la mayoría de sus habitantes.

Colombia país minero.

Esto, por supuesto, tiene una explicación. No es producto de un fenómeno natural ni de un castigo divino. Los responsables son de carne y hueso y hay unas decisiones deliberadas para el manejo económico. Voy a explicar dos que están vinculadas: 1. Es el triunfo de la idea de que el Estado no debe intervenir en favor de los productores nacionales, lo que produjo el abandono del aparato productivo, la precarización del trabajo y el desplazamiento a otras actividades de menor generación de riqueza. 2. La segunda, como consecuencia de la anterior, es que el país se especializó en la extracción de recursos naturales no renovables.

Hablaré específicamente de la última.  En los últimos 25 años el país vivió dos auges mineros, resultado de precios internacionales altos y un aumento significativo del ritmo de extracción, que fueron una oportunidad para haber creado una enorme riqueza para la Nación. Pero el auge petrolero de la década de 1990, con el descubrimiento petrolero de Cusiana y Cupiagua, así como el auge de los últimos diez años, se dilapidó.

Esos gobiernos, incluido -y especialmente- el actual, defendieron al menos dos orientaciones que le costaron al país una oportunidad excepcional para haberse desarrollado. Primero, sustentaron el crecimiento económico en la minería en reemplazo de la producción agrícola e industrial. Y segundo, crearon un sistema de beneficios al capital extranjero y financiero, a través de la eliminación de la restricción a la entrada y salida de capitales, de permitir la especulación financiera en todas las áreas, de propiciar la apropiación de millones de hectáreas con vocación agrícola para hacer minería o especular con la tierra, y de beneficios fiscales y tributarios que arrebatan multimillonarios recursos a los colombianos.

No nos oponemos a la minería. Consideramos que esta actividad es fundamental para el desarrollo del país y ha sido esencial en mejorar la calidad de vida de la población. Sin embrago, la forma en que se adelanta la minería en Colombia no permite el cumplimiento de ninguno de estas dos fines.

Lo que ha ocurrido con la minería en los últimos años es una renuncia del Estado a ejercer soberanía sobre los recursos naturales no renovables que pertenecen a todos los colombianos, en lo que considero –sin dudas- el mayor saqueo en la historia de este territorio. La minería la controlan los intereses extranjeros y el Estado actúa como un agente facilitador de esos negocios privados, en varios aspectos: i. permite a estas compañías violar sistemáticamente los derechos laborales y otros derechos humanos, ii. permite una explotación sin ninguna consideración y mucho menos reparación ambiental, iii. Permite la cooptación de líderes sociales a través de los llamados programas de Responsabilidad Social Empresarial, iv. Actúa en contra de la pequeña y mediana minería nacional y v. Como si lo anterior no fuera suficiente, renuncia a obtener una justa y suficiente participación de la actividad minera, a través de beneficios tributarios, como –por ejemplo- permitirle a las empresas considerar como un costo las regalías, disminuyendo el pago de impuestos, lo que ha costado a la nación unos $ 15 billones en los últimos 5 años, o permitir que –como lo dijo el entonces director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega- los minerales se vendan a través de paraísos fiscales, esquilmando las finanzas públicas.

El fin del auge petrolero y minero.

La responsabilidad del actual gobierno en llevar y profundizar esta situación, es inocultable. Se puede demostrar hasta la saciedad que tanto el presidente Santos, como su ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, conocían a la perfección las consecuencias económicas de la especialización en la minería, y tenían todas las herramientas a la mano para haber prevenido lo que el mundo conoce como la Enfermedad Holandesa, un fenómeno que existe desde la década de 1970.

Sin embargo, hicieron todo lo contrario a lo que hubiera prevenido la crisis actual. Entre el 2003 y el 2014 el gasto del gobierno aumentó 8% más que el crecimiento económico, la deuda aumentó 112% en ese periodo, el crecimiento del presupuesto para la minería fue de 69% mientras para el agro fue de 16% y para industria el 8% y se dilapidaron en mermelada $ 55 billones de ingresos petroleros entre 2010 y 2013, que no se invirtieron en actividades productivas.

Ahora el país está sufriendo las consecuencias de este manejo irresponsable. Pero a pesar de que los hechos demuestran el fracaso del gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo del segundo gobierno del presidente Santos insiste en la política minera como eje de crecimiento del país.

• En el Plan de Inversiones 2014-2018, el 11,5% de los recursos son para minería mientas el 1,17% es para desarrollo productivo.
• Se le otorga licencias exprés a la minería.
• Se definen Áreas de Reserva para del Desarrollo Minero que superan las 20 millones de hectáreas, incluida la Amazonía.
• Se permite la explotación en páramos.

En otros aspectos, el gobierno de Santos ha profundizado las Alianzas Público Privadas, en un negocio perverso en que el Estado actúa como un intermediario de los negocios del capital financiero y los monopolios, como en los proyectos de vías 4G, el sector eléctrico con la privatización de ISAGÉN y el cargo por confiabilidad, y la perla más reciente: permitirle a Don Luis Carlos Sarmiento realizar autopréstamos para financiar obras de infraestuctura con los ahorros de las pensiones de los colombianos. Además, insiste en el modelo de los TLC y ahora quiere que Colombia se adhiera al Tratado Transpacífico y que se vincule a la OCDE, ese club de países neoliberales en lo que Colombia es el peor de todos.

Y para 2016 se viene otra reforma tributaria en la que todos los caminos conducen al IVA, a más impuestos a los trabajadores y a mantener o incluso aumentar los beneficios al sector financiero y minero.

La cura es peor que la enfermedad, porque la respuesta ha sido austeridad desde lo fiscal y aumento de la tasa de interés en lo monetario, dos decisiones que terminarán de ahogar las pequeñas esperanzas de crecimiento económico para el próximo año. Colombia está haciendo todo lo contrario a lo que hicieron los países desarrollados para salir de la recesión.

CONCLUSIONES

A pesar de los análisis amañados del Gobierno Nacional, la evidencia prueba que Colombia está cada vez más lejos de los países más desarrollados. Esta afirmación no es sorprendente: es imposible aplicar las recetas de Haití y convertirse en Suiza.

Desde la Red por la Justicia Tributaria hacemos votos por la pronta solución negociada al conflicto. Esperamos que se alcance ese propósito muy pronto y de la mejor forma. Hemos sido siempre defensores de que se logre un consenso nacional frente a dicho objetivo.

Tenemos un interés grande en que una vez se logre el fin del conflicto con las FARC –y ojalá con el ELN- el país pueda volcar su atención a temas fundamentales que hoy no están en el centro de la agenda política. Deseamos que la culminación exitosa del proceso de La Habana allane el terreno para dar un debate a fondo sobre las causas de la pobreza, la desigualdad y el atraso de Colombia. Estamos convencidos que en el postconflicto, la mayoría de ciudadanos podrán comprender de manera más clara la realidad económica que impide mejorar su calidad de vida.

Finalmente, la Red por la Justicia Tributaria trabaja permanentemente en el propósito de fomentar una amplia unidad de acción en defensa de los intereses nacionales, por lo que consideramos ineludible un cambio en la orientación económica del país, lo cual implica que debe triunfar democráticamente una visión diferente de Nación, que reemplace a los responsables de la situación actual.

Gracias.