Inteligencia Petrolera. Los nombres de los ciudadanos Helber Adolfo Castaño, Enrique Alfredo Daza Gamba y Rodrigo Toro Escobar no lo dicen nada a los colombianos de a pie. Ninguno de ellos participa en concursos de televisión, ni aspira al premio de un ‘reality’ y tampoco son noticia por ganarse un baloto. Pero sus nombres figuran en la Providencia  de suspensión provisional de la venta de Isagén emitida por el Consejo de Estado el pasado viernes 14 de mayo.

Los tres son una referencia en la batalla jurídica que se dará entre el Estado Nacional y el colectivo de la sociedad civil Los Dueños de Isagén, por dirimir ante el Consejo de Estado, el máximo órgano de lo contencioso administrativo, la decisión de poner en venta 57.6% de las acciones del gobierno en esa empresa mixta que opera siete centrales de generación de energía, seis de origen hidráulico y una de origen térmico.

Castaño, Daza Gamba y Toro Escobar son los demandantes que solicitaron  la nulidad del Decreto 1609 del 30 de julio de 2013, “Por el cual se aprueba el programa de enajenación de las acciones que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en ISAGÉN S.A. E.S.P.»

Rodrigo Toro Escobar, exgerente financiero de Isagén, Helber Adolfo Castaño, presidente del sindicato de Isagén y Enrique Alfredo Daza Gamba, presidente de Cedetrabajo, son miembros fundadores del grupo Los Dueños de Isagén, que en agosto de 2013 interpuso una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, bajo la figura de mandato, causa común, el cual integraba 420 empleados, extrabajadores y jubilados de esta empresa generadora de energía, para preservar su naturaleza pública.

En el auto proferido por el magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcena, miembro de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Cuarta del Consejo de Estado, en el que se suspende de modo temporal la subasta de Isagén, se reseña que en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, el ciudadano Helber Adolfo Castaño invocó como normas violadas, los artículos 2, 29, 83, 114 y 209 de la Constitución Política y 1 y 6 de la Ley 226 de 1995.

La venta de Isagén en subasta pública se autorizó en julio de 2013 por un decreto que expidió el presidente Juan Manuel Santos.

En respuesta a la demanda  establecida por los miembros del colectivo Los Dueños de Isagén, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público explicó en su defensa jurídica ante el Consejo de Estado que “el demandante no realizó un análisis de los requisitos para la procedencia de la medida cautelar solicitada, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPCA, y que se limitó a exponer apreciaciones subjetivas respecto de la eventual vulneración del criterio de sostenibilidad fiscal, la regla fiscal y el incumplimiento de la normativa presupuestal”.

El gobierno también alegó la inexistencia de afectación presupuestal  y señaló que el Decreto 1609 de 2013 no viola el artículo 4 de la Ley 1473 de 2011 porque no crea presión en el gasto y que por el contrario, la enajenación en discusión tiene por objeto incentivar la inversión en sectores prioritarios para el país.

Ante la Providencia, emitida ayer por el Consejo de Estado, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, dijo que el Gobierno respetará el fallo del Consejo de Estado, independientemente de su resultado. “Nuestro llamado es para que se tome una decisión de fondo contra estas demandas. Una vez se resuelvan estas circunstancias, esperamos retomar el proceso”,  puntualizó el funcionario.

Los Dueños de Isagén

Este colectivo se organizó en 2013 y se encuentra integrado por trabajadores, exempleados y pensionados de  esa empresa  generadora de energía.

Desde el inicio de sus acciones jurídicas Los Dueños de Isagén demandaron también  las condiciones que impuso el Gobierno para la primera etapa de venta de acciones, en las que no se pudo adquirir más acciones que las equivalentes al patrimonio líquido (patrimonio bruto menos deudas) o que no superaran cinco veces el monto de los ingresos anuales, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 1609.

“Cuando lideré el programa de democratización de Isagén (julio de 2007), en la primera etapa no se puso límite alguno al sector solidario, fondos de pensiones y trabajadores y extrabajadores y lo mismo debería suceder ahora”, le dijo Toro Escobar al periódico El Colombiano en agosto de 2013.

En su prolongada batalla jurídica, el colectivo también se articuló con otros sectores de la sociedad civil para divulgar las condiciones en que el gobierno nacional colocó  en subasta la venta de Isagén. Entre las organizaciones que han hecho un aporte académico a las demandas legales del grupo se destacan Justicia Tributaria, una iniciativa de académicos, exfuncionarios de Estado y organizaciones que  realizan  análisis sobre la estructura tributaria del país, vigilan los aportes que las grandes empresas nacionales y extranjeras realizan a la economía y exigir transparencia en la información tributaria de las mismas.

Justicia Tributaria es miembro del Comité por la Defensa de Isagén y en reacción al fallo del Consejo de Estado expresó que “es un respiro para los colombianos, no solo para quienes hemos defendido a esta empresa desde hace años. Lo que es importante mencionar es que la venta de Isagén no va a afectar a los trabajadores o a un grupo de personas solamente. Va a afectar a todo el país, porque sacrifica la soberanía energética”, señaló a Inteligencia Petrolera (IP), Mario Alejandro Valencia Barrera, vocero de la red Justicia Tributaria.

¿Qué propuesta distinta a la venta de Isagén al capital privado internacional tiene el Comité por la Defensa de Isagén?’, preguntó IP al vocero de de la red de Justicia Tributaria: “las propuestas las tiene que hacer el gobierno. ¿No le parece increíble que el único plan que tenga el gobierno sea vender a Isagén, que es la gallina de los huevos de oro?, parece una estrategia diseñada no para recoger 5 billones de pesos, sino para entregarle la empresa al capital extranjero.

Lo que debemos preguntarnos es ¿Por qué el sistema financiero, que es el sector que más gana en el país, no presta esos recursos? ¿Así de malo es el negocio de las vías 4G?”.

El interés público de Isagén

A  pesar de que la Sala Unitaria del Consejo de Estado consideró en el fallo emitido que no encuentra prohibición alguna para que el Estado pueda desprenderse de los intereses que tiene en Isagén, “de lo que se trata es de que exista la oportunidad de hacer real la tutela judicial efectiva que han reclamado varios ciudadanos en ejercicio de acciones judiciales legítimas”.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo consideró que en la enajenación de bienes del Estado va envuelto el interés público, que es un amplio concepto jurídico que pretende abarcar tanto los intereses del Estado mismo como los intereses generales de la comunidad.

“Interés público que se podía afectar como cuando se dictan medidas o ocurren hechos que pudieran perjudicar el patrimonio del Estado”  y  afirma  que la enajenación de bienes estatales, claves o estratégicos, como la venta de la porción accionaria de la Nación en una importante empresa de servicio público, implica la adopción de una política pública de efectos transversales, “en cuanto que no solo tiene que ver con la finalidad de financiar obras públicas sino con el equilibrio presupuestal, la sostenibilidad fiscal y la presencia del Estado no en el diseño sino en la misma ejecución de políticas relativas a la satisfacción de necesidades generales, como resulta ser el servicio público de producción y comercialización de energía eléctrica”.

Después de una amplia  argumentación jurídica recogida en el Auto, el Consejo de Estado concluye que “los procesos judiciales acumulados a que se ha hecho referencia en este auto no están en condiciones de recibir sentencia todavía”.

¿Se podría inferir con este argumento que las medidas cautelares establecidas por el Consejo de Estado  pueden extenderse en el tiempo? Esta preocupación del gobierno puede llegar a convertirse en realidad, si se tiene en cuenta que en la actualidad cursan ocho demandas  en contra del decreto que aprobó la venta de la participación del Gobierno en Isagén.

De acuerdo con información del portal especializado en el mercado de acciones DATAiFX,  a la fecha también existen otras  tres acciones de nulidad interpuestas por Enrique Alfredo Daza, Helber Adolfo Castaño y Rodrigo Toro Escobar; las cuales se  suman a  tres acciones populares interpuestas por el senador Álvaro Uribe Vélez, Rodrigo Toro Escobar y el Movimiento Cívico de Medellín, además de dos tutelas interpuestas por los líderes  del grupo Los dueños de Isagén.

Si estos procesos jurídicos logran avanzar hacia fallos adversos al interés del Estado por vender Isagen, puede conjeturarse también que la batalla jurídica por la venta en subasta o la preservación de esta empresa como un activo de la Nación, apenas comienza.  (Ver el auto del Consejo de Estado)