La espuma sube ante las denuncias acerca de la Asociación Público Privada (APP) para mejorar la navegabilidad del río Magdalena, en el marco del escándalo de corrupción y tráfico de influencias que tiene en el centro a la multinacional de origen brasileño Odebrecht.
Este viernes se conoció a partir de las declaraciones a varios medios del actual presidente del Banco Agrario, Luis Enrique Dussan, que el consorcio Navelena (en el que Odebrecht participa con 87 %) ha incumplido con el pago del préstamo de 120.000 millones de pesos empleados en obras de “preconstrucción”.
Dicha suma debía empezar a cancelarse en diciembre pasado, pero Dussan expresó que está “garantizado” a través de un contrato de fiducia con Fiduciaria de Occidente. Esta firma pertenece al Grupo Aval que, a través de una subordinada, es socio de Odebrecht en la fase dos de la Ruta del Sol.
En el tema terció —nuevamente— el vicepresidente Germán Vargas Lleras, para quien las explicaciones dadas por el presidente del Banco Agrario no son suficientes.
“No son satisfactorias explicaciones, Banco Agrario. ¿Garantía de crédito a Navelena son recursos del Estado que están en fiducia? ¡Muy bonito!”, trinó en su perfil de Twitter.
Según la Red de Justicia Tributaria, que originalmente hizo la denuncia junto con el senador Jorge Robledo, el alto funcionario hace referencia a que los recursos que resguarda Fiduoccidente corresponden a vigencias futuras de la Nación, Cormagdalena y Ecopetrol. Lo paradójico del asunto es que, al ser futuras, en riguroso sentido no existen.
Más recursos públicos
Este aparente uso de recursos públicos para el negocio de Navelena, que opera un proyecto de Asociación Pública no sería el único.
De hecho, en la denuncia presentada por Justicia Tributaria, encabezada por José Roberto Acosta, se desprende que para conseguir el empréstito por 120.000 millones de pesos, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Corficolombiana (del Grupo Aval) ayudaron a estructurar la operación que posteriormente presentaron al Banco Agrario.
Esos recursos públicos —según señalan— habrían terminado por financiar la parte privada de la APP, por lo que todos o la gran mayoría de los recursos implicados serían públicos, según la red.
“No es aceptable que por presiones políticas o peor, por política pública, se estén otorgando crédito blandos o subsidios a constructores privados de dudosa reputación internacional y nacional. Esto es lo que se denomina corrupción técnica”, puntualizó Acosta.
“La cotización expedida a Navelena no constituyó una oferta comercial”: Findeter
Tras la información que se conoció de la supuesta aprobación de un crédito a Navelena para la APP del río por la Financiera del Desarrollo Territorial, Findeter, la entidad de crédito aseguró a través de un comunicado que “no es cierta”.
Afirman que a principios de 2014, representantes del consorcio y su banca de inversión se acercaron a Findeter con el objetivo de entender el rol que cumple la entidad en la financiación de proyectos relevantes para el desarrollo del país y de las regiones.
Una vez adjudicado el referido proyecto, agregan, Navelena solicitó a la banca de desarrollo analizar la viabilidad de participar en el fondeo de los recursos requeridos a través de un banco de primer piso.
Así, “dada la importancia del proyecto de navegabilidad del río Magdalena para el país, Findeter expidió una cotización con las condiciones bajo las cuales, eventualmente y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de crédito de redescuento, este se podría llegar a realizar”.
Sin embargo, señalan que para hacer efectiva una transacción de este tipo, es necesario contar con la aprobación de un banco de primer piso — intermediarios financieros que establecen una relación directa con los empresarios o beneficiarios que realizan inversiones en innovación y desarrollo tecnológico. Están legalmente autorizados para realizar operaciones de ahorro, financieras, hipotecarias y de capitalización—.
“Por lo tanto, la cotización expedida no constituyó una oferta comercial, y de esta no se desprenden efectos jurídicos de orden precontractual ni contractual a cargo de Findeter, ni exime a su destinatario, de acuerdo con su naturaleza jurídica, de cumplir con los requisitos de ley y reglamentos internos, al momento de presentar la solicitud de crédito ante él o los intermediarios financieros habilitados por la ley”.
