El Tiempo. Los cambios salieron del Plan de Desarrollo, pero son exigencias de TLC pactadas con anterioridad.

Aunque para muchos parlamentarios el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se ha convertido en un ‘tigre’ para defender las propuestas del Gobierno en el Congreso, el funcionario no logró salvar el paquete de medidas incluidas en el proyecto del Plan de Desarrollo que pretendían subir el impuesto al consumo de los licores, vinos, aperitivos y similares, y las que establecían que se debe unificar el trato, en materia impositiva, de los licores nacionales con el de los importados.

Tres de los 9 artículos relacionados con ese tema se hundieron y no podrán ser retomados en el segundo debate, porque la votación legislativa no fue unánime. No obstante, Cárdenas indicó que “es algo que hay que hacer porque son compromisos adquiridos con los Tratados de Libre Comercio (TLC), negociados ya con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea”. (Lea: Con solución digital se pretende erradicar el consumo de alcohol)

En el mismo sentido, Simón Gaviria, director de Planeación Nacional, indicó que “la decisión de eliminar estos artículos no incide en la financiación del Plan de Desarrollo porque las rentas de los licores no iban a entrar en las arcas nacionales. Era un requisito de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y de algunos TLC, pero las comisiones económicas decidieron no adoptar la unificación de las tarifas del impuesto al consumo”.

Lo cierto es que tendrá que haber próximamente una ley ordinaria para retomar las medidas impositivas, las cuales, según Cárdenas, no impactarán a las licoreras nacionales porque “las bebidas alcohólicas extranjeras siempre van a pagar más, debido a que se les impone un arancel para ingresar al país”.

La discusión en el Congreso alrededor del tema tomó varios caminos e incluso puso en aprietos a los representantes del Gobierno, que vivieron momentos angustiosos cuando el debate al Plan de Desarrollo se estancó en los impuestos sobre los licores. El principal argumento expuesto en el estrado de las comisiones económicas fue el del impacto sobre los ingresos de los departamentos, con los cuales se financia la salud. Y eso que, según Cárdenas, “ya el tema se había concertado con los gobernadores, pero no alcanzó a tener la suficiente discusión en la sala plena”. Además, la proximidad de las elecciones regionales llevó a los congresistas a mostrar que son los defensores de los intereses de departamentos y municipios. (Lea:Gobierno promete corregir el problema de ‘discriminación de licores’)

Para el director de la Federación de Departamentos, Amylkar Acosta, “los territorios que tienen licoreras reciben 1,6 billones de pesos al año por el impuesto al consumo; las empresas que no tienen fábricas y solo maquilan reciben 400.000 millones por la comercialización. Luego, el primer impacto lo tenían los departamentos con industrias licoreras, que verían reducidos sus recursos porque con más impuestos es más difícil competir con licores importados y bajarían las ventas”.

Acosta señala que los licores son un monopolio rentístico legado a los departamentos y que los TLC lo han aceptado así. Además, agregó que se defienden estos acuerdos comerciales que se firmaron con la idea de que Colombia iba a tener 300 millones de consumidores (en el caso de Estados Unidos), cuando en realidad “el déficit comercial del país fue de 6.400 millones de dólares. El peor en la historia, pues el de la víspera de la recesión económica solo fue de 2.400 millones de dólares”.

¿Habrá salida?

El próximo 20 de abril, las plenarias del Congreso retomarán la discusión del Plan de Desarrollo, debate que se dio en las comisiones económicas de manera desordenada, con más de 1.700 proposiciones agregadas y, al final, no se sabía qué ponían y qué quitaban al proyecto que, según la Contraloría General, ya de antemano “no tenía unidad de materia”. (Lea: Somos el país más precoz de la región en alcoholismo juvenil)

El tema de los licores no será parte de la última parte de este proyecto, pero sí entrará por otra vía, por lo que el director de la Federación de Departamentos señala que retomarán un artículo propuesto en las rondas realizadas con los gobernadores sobre el Plan. “Es una medida para combatir el contrabando, en el sentido de que las multinacionales den información sobre a quién le venden licores, porque comercializan, por ejemplo, con Aruba, y el producto termina entrando a Colombia de manera ilegal”.

Las regiones también plantearán el establecimiento de un protocolo, a 20 años, de manera que no pueda entrar al país ninguna bebida similar al aguardiente, que empuja el recaudo territorial para financiar la salud y la educación y que, de por sí, ya está en desventaja debido a que su costo de producción es de 3.000 pesos y hay que ponerlo en el mercado a 15.000, porque tiene que pagar estampilla y sobretasa, entre otros impuestos.