El desespero fiscal del Gobierno lo ha empujado a ceder en favor de los intereses de las grandes multinacionales petroleras y mineras, pero en detrimento del medio ambiente y de un desarrollo económico sustentable. Lo urgente mató lo importante.

Por: José Roberto Acosta, Miembro de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia.

El Espectador. La perversión de esta política se materializó con el anuncio presidencial de modificar el título VII de la Ley 99 de 1993, sobre licencias ambientales, reduciendo a un plazo de máximo cinco meses su definición, así como la inclusión de la oralidad en dicho proceso, mientras que al mismo tiempo reduce en 13% el presupuesto destinado a las instituciones protectoras del medio ambiente. Toda una presión administrativa y política, pero sin recursos, cuyo resultado podría desembocar en “falsos positivos ambientales”. Qué pena con mis hijos y nietos por el país que les vamos a dejar.

En línea con esta política económica depredadora, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Acuerdo Nº 03 de este año, según el cual se incorporan parámetros y normas aplicables al desarrollo de yacimientos no convencionales, en los que se destaca el cuestionado fracking, prohibido en Francia y Alemania, mientras que en Estados Unidos se adelanta con fuertes restricciones a pesar de, por ejemplo, lograr desempleo casi cero en Dakota del Norte.

El fracking es una técnica en la que se fractura el subsuelo con fuertes explosiones y presiones de agua, arena y químicos para lograr sacar petróleo y gas. Este proceso conlleva serios impactos ambientales, que para el caso colombiano son altamente impredecibles, pues si no tenemos pleno conocimiento de nuestra superficie, menos la tenemos de la tipología de nuestro subsuelo. Desde aumento de la sismicidad hasta contaminación de aguas subterráneas, son los riesgos que se supone debería evitar la reglamentación gubernamental.

La política ambiental se está arrodillando a la necesidad económica de corto plazo. Si no hemos sido capaces de frenar la minería ilegal en la zona de Codito-La Calera, a ojos de toda Bogotá, es una total mentira que podremos controlar institucionalmente las tecnologías no convencionales de explotación de recursos naturales en el subsuelo. Ya entiendo por qué el presidente Santos no quiere más reelección, pero tampoco la de su hijo, o nietos, pues sabe que tal vez no habrá país para explotar en el futuro.