El proceso de venta no había sido transparente y no le corresponde al señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, definir si se está actuando con apego a la ley y normatividad, eso le corresponde a los jueces y por eso el Consejo de Estado decidió la suspensión de la venta hasta lograr un pronunciamiento de fondo al respecto.

Una vez que Isagén esté en manos de extranjeros, sus programas de expansión se frenarían, pues el nuevo inversionista le interesará, prioritariamente, recuperar su alta inversión, perdiendo la Nación una empresa estratégica en proyectos de Cuarta Generación energética.

Los dividendos percibidos por la Nación ascendieron a $277.000 millones en 2015, con permanente ascenso en los últimos años y más prometedores con la entrada en operación de Hidrosogamoso.

Tales dividendos que con la privatización dejarían de nutrir los ingresos de balance en el Presupuesto General de la Nación y, aunque porcentualmente parecen pocos, la obligación esencial de cualquier ministro de Hacienda es protegerlos y no menospreciarlos.

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) no está preparada para recibir esos recursos, y menos si, como dice el Gobierno, la idea es multiplicar por cinco los recursos que se obtengan por la venta del 57,61 por ciento de Isagén, lo cual también implica multiplicar por cinco sus riesgos de pérdida. Este argumento se omite en la argumentación del ministro de Hacienda, y en la práctica significa cambiar un activo productivo por un riesgo indeterminado.

Estar en contra de la venta de Isagén nunca puede significar estar en contra de las necesarias obras de infraestructura vial de 4G. Por el contrario, defender la propiedad de la Nación en Isagén es defender una herramienta de competitividad y la punta de lanza de las 4G energéticas, sobre todo, cuando son varias las alternativas viables para financiarlas y capitalizar la FDN. La defensa de lo público, cuando es eficiente y productivo, es lo mejor para todos los colombianos.