(El Tiempo) Consejo de Estado frena la venta de ISAGEN

May 8, 2014

Recursos alargan análisis jurídico. Trasfondo de demanda fue la omisión de la Ley de Regla Fiscal. El Tiempo. Si todo hubiera salido según los planes del Ministerio de Hacienda, hoy jueves se debería cumplir la subasta por el control de las acciones de la generadora de energía Isagén, a la cual se precalificaron seis oferentes, y […]

Recursos alargan análisis jurídico. Trasfondo de demanda fue la omisión de la Ley de Regla Fiscal.

El Tiempo. Si todo hubiera salido según los planes del Ministerio de Hacienda, hoy jueves se debería cumplir la subasta por el control de las acciones de la generadora de energía Isagén, a la cual se precalificaron seis oferentes, y por la que el Gobierno espera recibir por lo menos 5 billones de pesos.

Sin embargo, al día siguiente de la precalificación, el Consejo de Estado, a través de unas medidas cautelares, suspendió el decreto que dio vía libre a la enajenación, para analizar si acepta una demanda del ciudadano Enrique Daza.

Pero ya pasaron los 20 días hábiles estipulados para que el Tribunal analizara la solicitud del peticionario, proceso que ha tardado más de lo previsto y en el que han incidido los dos recursos que presentó el Ministerio de Hacienda (uno de súplica y uno de nulidad) y uno del Ministerio de Minas y Energía (incidente de nulidad).

Según se pudo establecer, estas acciones y la concordancia con otro proceso similar hizo suspender los términos normales de respuesta del Tribunal, cuya magistrada encargada es Carmen Teresa Ortiz.

No obstante, para José Roberto Acosta, economista y profesor del Centro de Estudios Superiores de Administración (Cesa), el debate es más complejo y tiene que ver con una posible violación de la ley.

Efecto en presupuesto

El académico señala que la demanda no se sustentó en la conveniencia o no de vender Isagén o de si su precio es el adecuado, sino en que se omitió aplicar la Ley de Regla Fiscal, como lo señala el artículo 334 de la Constitución Política.

Explica que si bien el Gobierno notificó al Congreso sobre la venta de activos en el Plan Financiero, el experto explica que la norma señala que todos los funcionarios públicos, del Presidente de la República para abajo, están sometidos a sus disposiciones, lo que implica que deben orientar el uso de los recursos públicos con el fin de lograr equilibrio fiscal al año 2020.

Los decretos de esta ley señalan que se debe definir en detalle cómo se afectan los ingresos corrientes y extraordinarios de la Nación con la disposición de los activos públicos, así como los egresos del Presupuesto General de la Nación. “El solo hecho de sacar a Isagén del presupuesto significa que las utilidades que cada año le da al Gobierno no van a seguir entrando en los próximos años, hasta el 2020. El Ministerio debe aclarar que se está sacando del presupuesto un ingreso recurrente, como los son las ganancias anuales de la generadora”, señaló.

En otras palabras, para hacer el trámite al derecho, hay que informarle al Congreso y al Comité Consultivo de Comisión de la Regla Fiscal el efecto que va a tener en el fisco la venta del 57,6 por ciento de Isagén. El comité lo integran Guillermo Perry y Eduardo Wiesner, exministros de Hacienda; Leonardo Villar, director de Fedesarrollo; los decanos de Economía de las universidades de Antioquia, del Norte y de los Andes, así como los presidentes de las comisiones terceras del Senado y la Cámara de Representantes.

En 6 años, $ 623.500 millones

Según las cifras de Isagén, entre el 2008 y el 2013 la asamblea de accionistas ha decretado el pago de dividendos por 1,08 billones de pesos, de los cuales 623.500 millones de pesos han sido girados al Ministerio de Hacienda, como dueño del 57,66 por ciento de las acciones de la compañía, porcentaje que bajó levemente, al 57,61 por ciento, tras la primera etapa de la venta de la compañía.

Aunque el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha sostenido que las carreteras pueden ser más rentables que las ganancias que deja Isagén, el economista José Roberto Acosta llama la atención porque el retorno esperado depende del costo de cada proyecto vial, pues normalmente cualquier carretera termina costando más de lo previsto.
A la par de la suspensión del cronograma de venta, el superintendente de Industria y Comercio Ad Hoc, Luis Guillermo Vélez, sigue analizando el recurso presentado por la Empresa de Energía de Bogotá, y las solicitudes de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y de la firma Gas Natural.

Tomado de: El Tiempo – Colombia

Publicaciones Relacionadas

Share This