Por: Álvaro Pardo, miembro de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia.

Razón Pública. No es sólo la caída de los precios. Colombia perderá la  autosuficiencia en seis años y las petroleras privadas, que el gobierno veía como salvadoras, son especuladoras ahogadas por la tormenta. El problema es la “locomotora” minero-energética.

El asunto de fondo

Al presentar al Congreso el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND), “Todos Por Un Nuevo País” el gobierno  reconoció que el presupuesto estaba desfinanciado en unos 90 billones de pesos, y atribuyó este hecho a la caída de los precios del petróleo.

La reducción en 12 por ciento de los recursos para financiar el plan de entrada refleja el grado de improvisación de la reforma tributaria 2014, que falló en sus proyecciones al no considerar el pleno impacto de la crisis petrolera sobre las finanzas públicas y la balanza de pagos de Colombia, ni las consecuencias de reprimarizar la economía apostando todo a la “locomotora” energético-minera.

El asunto va mucho más allá de la coyuntura petrolera y tiene que ver con la responsabilidad de los últimos gobiernos casados con un modelo de extracción a ultranza y ahora en el impacto de la caída en la inversión pública sobre una economía en proceso de  desaceleración.

En efecto: la discusión sobre el impacto de la crisis petrolera en el erario público y las cuentas externas del país oculta un debate de más fondo, y tiene que ver con el modelo económico basado en rentas rápidas y fáciles que resultan de explotar los recursos naturales no renovables (RNNR). Ahora, cuando llega la destorcida energético-minera, el gobierno aprueba reformas, ajustes o recortes cuyos efectos recaerán sobre sectores marginados de las decisiones políticas.

Resulta inexplicable que pese a la proliferación de textos académicos, informes de investigación y columnas de opinión que durante años llamaron la atención sobre las consecuencias de la “reprimarización” de la economía, los últimos gobiernos  desentendieran  las consecuencias de una locomotora descarrilada y de la revaluación del peso sobre otras actividades económicas -esas sí generadoras de ingresos permanentes, encadenamientos productivos y empleo-.

El Plan desfinanciado

Pasadas las elecciones presidenciales, el gobierno Santos II empezó a mencionar públicamente la necesidad de una nueva reforma tributaria. El presupuesto nacional para 2015 estaba desfinanciado en 12,5 billones de pesos y el Congreso le pasó sin problema una reforma tributaria -que no tocó las deducciones y exenciones empresariales- logrando ingresos adicionales por 51 billones de pesos para el periodo 2015 y 2018.

Pero las cuentas estaban mal hechas. Varias organizaciones e investigadores señalaron que, aun después de ajustar las cifras de recaudo, el gobierno había sobre-estimado las proyecciones del precio del crudo y el carbón, y las “bondades” de la devaluación del peso. Proyectar un presupuesto sobre precios de 87 dólares por barril de crudo y de 75 dólares por tonelada métrica de carbón, cuando las bolsas mostraban rangos de 45 a 50 dólares para el crudo y alrededor de 60 dólares para el carbón, abrió un hueco de 16 billones anuales (unos 64 billones para el cuatrienio que abarca el PND).

También era irreal la apreciación del ministro de Hacienda< en el sentido de que la devaluación podría compensar la caída de los precios. Los cálculos de Jorge Espitia mostraban que la devaluación generaría ingresos por 5,7 billones de pesos, cifra muy inferior a lo que se perdería por la reducción en el precio del crudo y el carbón.

Por lo demás, y antes de finalizar el primer mes del año, el Banco de la República redujo su proyección de crecimiento para el 2015 de 4,3 a 3,6 por ciento, cifra un tanto optimista cuando se sabe que la nueva locomotora de la infraestructura también podría verse afectada por los recortes fiscales – a menos que, por encima del interés general, salga el gobierno a vender ISAGEN y el 10 por ciento restante autorizado de Ecopetrol.

No menos, en estas circunstancias habrá que estar atentos a la financiación del gasto social que – a falta de dolientes poderosos- podrían también sufrir los rigores del ajuste presupuestal.

La balanza de pagos

Aún antes de producirse la caída pronunciada de los precios de las exportaciones minero-energéticas,  ya en septiembre del año pasado la cuenta corriente de la balanza de pagos mostraba un déficit de 12.800 millones de dólares, superior a los 9.200 millones que se habían registrado un año antes.

Este pasivo creciente de los colombianos con el exterior se explica por el tránsito en la balanza de bienes de un superávit (2.457 millones de dólares) en septiembre de 2013 a un déficit (1.340 millones) en el mismo mes del 2014, y porque la balanza de servicios ha sido  deficitaria en más de 4.500 millones de dólares durante los dos últimos años. A esto debe agregarse que las importaciones de productos refinados del petróleo (combustibles y lubricantes) equivalen al 28 por ciento de las exportaciones de crudo y vienen creciendo rápidamente.

La llamada balanza de la renta de los factores, que refleja principalmente el comportamiento de la inversión extranjera, mostró en septiembre del año pasado  un déficit de 9.800 millones de dólares, a consecuencia de acelerada salida de capitales extranjeros junto con sus jugosas utilidades. Para agravar la situación, la inversión extranjera se reduce, mientras el país  sigue endeudándose en el exterior.

El petróleo en Colombia

A la caída en el precio mundial de los hidrocarburos hay que añadir las malas perspectivas de la industria petrolera dentro del país, pues Colombia se enfrenta al descenso en los niveles de producción, al estancamiento de las labores de exploración y desarrollo, a la perdida de la autosuficiencia en un horizonte de cinco a seis años, a importaciones crecientes de combustibles y a que muchas petroleras (más especuladores que petroleras), están saliendo del closet forzados por sus dificultades financieras.

El cambio de rumbo del sector petrolero se veía venir desde el año, cuando la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ofreció  95 bloques en la Ronda-2014 y solamente hubo interés en 26, en tanto que para los 19 bloques de crudo no convencional y gas en esquistos solo se presentó una propuesta. El fracking no la tiene tan fácil y menos ahora que no hay interesados.

Entre los objetivos de la Ronda estaban el de emprender proyectos que garantizaran la sostenibilidad energética más allá del 2020 y el de aumentar el flujo de ingresos para el fisco nacional. Para ese entonces ya era claro que tales objetivos no podrían cumplirse, y sin embargo las grietas fiscales y de balanza de pagos se manejaron con bajo perfil – seguramente para no afectar la reelección del presidente Santos-.

En el mundo de los petroleros es sabido que tras los hallazgos de Cusiana y Cupiagua, con reservas por unos 2.000 millones de barriles, difícilmente se producirán otros descubrimientos de grandes proporciones. Pero el gobierno sigue celebrando  hallazgos de bolsones con reservas de entre  30 y 40 millones de barriles. Bajos las circunstancias  actuales, difícilmente se podrá alcanzar la meta de un millón de barriles diarios.

Los precios WTI (por West Texas Intermediate, un tipo de petróleo utilizado como referente) oscilan en el rango de 45 a 50 dólares por barril, y las grandes petroleras siguen anunciando recortes de personal y de inversiones. Resulta un contrasentido que en Colombia el gremio petrolero amenace al gobierno con el desplazamiento de las inversiones de sus afiliadas a otros países si éste no les amplía sus beneficios tributarios, justo cuando las matrices están disminuyendo sus presupuestos. Pero el gobierno se plegó ante la amenaza, declaró zona franca los bloques petroleros costa afuera (off shore), y los exoneró del pago de la sobretasa al impuesto de renta CREE entre 2015 y 2018.

Pacific en problemas

Preocupa aún más el hecho de que nuestro futuro petrolero dependa en buena parte de Pacific Rubiales (PR), el mayor productor privado de crudo.

Ya desde el 2012 se venía ventilando una serie de dudas sobre el origen de sus inversiones, sobre sus tentáculos en sectores tan diversos como hotelería, puertos, infraestructura vial, minería y medios de comunicación, los sucesivos conflictos sociales, laborales y ambientales en su entorno, y sus estrellones en las bolsas de valores de Bogotá y Toronto.

Esta compañía de capital canadiense y dirigida por venezolanos, se encuentra nuevamente en el ojo de huracán debido a los rumores de dificultades financieras. De hecho en este año, una empresa cercana, Gran Colombia Gold, tuvo dificultades en la Bolsa de Toronto por retraso en el pago de intereses de su deuda, suceso tras el cual la acción de PR fue retirada de la rueda durante pocos minutos tras una abrupta caída en la jornada del 14 de enero. Y-como muestra el gráfico siguiente, la caída del precio ha sido vertical en la Bolsa de Colombia:

Comportamiento accionario de Pacifica Rubiales en la Bolsa de Valores de Colombia. Diciembre de 2019 a enero de 2015.

El manejo de medios, que incluye millonarias inversiones en publicidad, hace difícil  conocer la realidad, pero los mismos corredores de bolsa dicen no recomendar la acción de PR a sus clientes y pronostican problemas de insolvencia o de caja para el segundo semestre del año. Con el objeto de evitar un nuevo colapso estilo InterBolsa, las autoridades bursátiles y de Sociedades anunciaron un estrecho seguimiento al comportamiento de ésta compañía.

¿Y esa es la empresa que contribuirá a llevar la autosostenibilidad energética del país más allá del 2020? ¿Le prorrogará el gobierno el contrato de Rubiales a una empresa con estas dificultades?

En suma, los hechos y las tendencias apuntan todos en la misma dirección: el problema está en el modelo, pero el Gobierno sigue empeñado en seguir haciendo remiendos.