En parte, la pérdida de valor de la acción de Ecopetrol en Bolsa observada en el último año es producto del manoseo informativo por parte de políticos que desconocen la prudencia exigida para trasmitir información relevante de una empresa inscrita en Bolsa.

Por: José Roberto Acosta, miembro de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia.

El Espectador. En efecto, los contradictorios pronunciamientos por parte de funcionarios públicos también afectan al mercado, como, por ejemplo, cuando el vicepresidente anunció en entrevista radial la venta en Bolsa de otra porción de la empresa, generando temores de mayor oferta de acciones que terminaron haciendo caer el precio 4,3% en dos días, equivalentes a una pérdida en capitalización bursátil superior a los US$3.000 millones, cifra superior a lo que se esperaba recaudar con la inconveniente venta de Isagén. En su momento, el alcalde mayor de Bogotá fue denunciado por pánico económico cuando, debido a sus pronunciamientos sin base técnica, la acción de la Empresa de Energía de Bogotá redujo su cotización de mercado en casi una quinta parte, generando pérdidas por capitalización bursátil cercanas a US$1.000 millones.

Por si fuera poco, sus resultados de producción, utilidades y precio del barril de petróleo no pasan por el mejor momento, al tiempo que a la empresa se le ha sacado año tras año casi toda la utilidad generada, sin dejar en absoluto capital para emprender sus ambiciosos planes de exploración. Es como si a una vaca se la ordeñara día tras día sin darle de comer.

No se puede manosear a Ecopetrol, como se hizo con Isagén, pues no son cajero automático del cual el Gobierno saque dinero cuando quiera para mantener un desbordado e insostenible nivel de gasto público que, como ya se anuncia, será compensado con más carga tributaria a la clase media, como quedó evidenciado con la última reforma tributaria.

Además, debe considerarse hoy que la facultad del Gobierno para seguir privatizando la empresa más importante del país data de fecha anterior a la vigencia de la Regla Fiscal, la cual derogaría cualquier autorización anterior, obligando a que dicha intención de vender bienes públicos se materialice explícitamente en el Plan Fiscal de Mediano Plazo, que debe ser debatido, revisado y criticado más ampliamente por el Congreso, los organismos de control y la ciudadanía en general.