Si los pronósticos del presidente Juan Manuel Santos se cumplen, y antes del próximo 23 marzo se firma la paz, significa que quedan pocos meses para definir el financiamiento del posconflicto. No es casualidad que este mes sea también cuando comiencen los debates de la reforma tributaria estructural, un cambio con el que se espera remediar el impacto que la caída de los precios del petróleo dejó al erario. Medidas que también están diseñadas para ayudar a financiar el período después del cese del fuego, que podría costar $54 billones, según la Comisión de Paz del Senado.
Este fue el centro del debate del foro organizado por Deloitte llamado “El posconflicto: Retos de su financiación y perspectiva tributaria”. El panel contó con la presencia de Bethoven Herrera, profesor de la Universidad Externado; Roberto Insignares, coordinador académico de la misma universidad, y Pedro Sarmiento, socio director de Deloitte.
Insignares abrió el debate afirmando que el sistema tributario colombiano está lejos de ser perfecto y preguntó cuál es la forma para compensar la renta petrolera perdida y tener un correcto financiamiento del posconflicto, si el 68% del recaudo del impuesto a la renta lo aportan menos de 3.448 empresas. Por eso advirtió que existen ineficiencias que deben ser compensadas si se busca estabilizar los ingresos de la Nación.
Por su parte, Sarmiento indicó que “se requieren tres cambios: armonizar el sistema tributario, reducir la evasión y definir los impuestos de los recursos que tienen los alzados en armas. El régimen actual presenta una serie de ineficiencias que provocan que la tasa de tributación oscile entre el 43 y el 50%. Una situación que se agrava con los más de $28 billones que se dejan de percibir por culpa de la evasión. Asimismo, no se puede olvidar que gran parte del posconflicto se desarrollará en el campo, por lo que también se requiere solucionar la poca contribución fiscal que hay en estas zonas. Sin embargo, es una vigilancia que se tiene que hacer con cuidado porque también es fundamental apoyar este sector para que pueda volverse competitivo, para que de esta manera logre convertirse en un reemplazo de las exportaciones petroleras”.
La problemática de la evasión en el campo fue también una de las críticas principales de Herrera. El profesor de la Universidad Externado alerta que “de los 3,7 millones de hectáreas que hay en las zonas rurales, sólo el 48% tributa y hay cerca de 1,7 millones de hectáreas que están en la ilegalidad. Se trata de otra herencia que ha dejado la guerra en Colombia. Sin embargo, esto no sólo se presenta en la tenencia de la tierra. Por ejemplo, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), hay 457.000 beneficiados del Sisbén que están muertos. De manera que existe un problema grave de delincuencia en Colombia que perjudica la recaudación de impuestos. Y una reforma tributaria estructural exitosa debe solucionarlo”.
Todos los panelistas estuvieron de acuerdo en que la reforma tributaria que viene debe mejorar el recaudo entre personas naturales y en que el impuesto a los dividendos es algo que debe darse en Colombia, sobre todo porque “los superricos son los que menos aportan en este país. Este pequeño grupo representa el 20% de los ingresos, el 40% de la riqueza, y sólo se les puede gravar el 10% de estos recursos”, afirmó Herrera.
“Tomado de El Espectador, Colombia”
