Los empresarios colombianos continúan enfrentando elevadas cargas no salariales, advierte Anif.

El Espectador. Los gastos adicionales que se requieren en el sector de la salud generados por la nivelación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del Régimen Subsidiado y la homologación del POS (Plan Obligatorio de Salud) hacen necesario que se impulse con urgencia “la ampliación de los recaudos tributarios en cerca de un 2% del PIB (Producto Interno Bruto)”, advierte Anif.

El centro de estudios académicos del sistema financiero advierte que se requieren reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, debido a que el Régimen Subsidiado pronto llegará al 70%, haciéndolo muy oneroso fiscalmente.

Como un primer paso, Anif señala que se debe trabajar en la línea de la formalización laboral, pues alerta que sólo el 35% de la Población Económica Activa (PEA) está cotizando a la seguridad social.

Destaca que ha resultado positivo que ahora los trabajadores puedan cotizar si tienen trabajos temporales, sin necesidad de perder su Sisben.

“Colombia todavía disfruta de costos en salud relativamente moderados, gracias a que cuenta con una población joven”, destaca el estudio.

Para el centro de estudios académicos del sistema financiero, en el corto plazo, los gastos en salud se estarán incrementando en un 0.3% del PIB debido a la aceleración de la cobertura universal, un 0.3% del PIB requeridos para la nivelación de la UPC del Régimen Subsidiado y un 0.2% del PIB por efecto de la homologación del POS.

Estos gastos adicionales del 0.8% del PIB sólo se están enfrentando con recursos adicionales del 0.5% del PIB.

“Ello hará aún más urgente impulsar: la ampliación de los recaudos tributarios en cerca de un 2% del PIB para solucionar los desbalances del sector salud y otros sectores (vía IVA); y la flexibilización del mercado laboral para ganar en formalidad laboral y lealtad con el Régimen Contributivo”, advierte el informe.

Aun después de la reducción de 13.5 puntos en los sobrecostos laborales, aprobados en la reforma tributaria de 2012, los empresarios colombianos continúan enfrentando elevadas cargas no salariales del orden de 50 puntos, concluye Anif.