Uno de los mayores escándalos que le ha dado la vuelta al mundo en lo que va corrido del presente año, ha sido la controversial investigación denominada “Panama Papers”, originada en la filtración de información del gabinete de abogados panameño Mossack Fonseca, que con 40 sucursales en la principales capitales del mundo, se dedicaba a la creación de firmas offshore,diseñadas para mantener ocultas fortunas y propietarios, con el fin de obtener evasiones tributarias.

Sobre el particular conviene destacar que en 11.5 millones de documentos fechados entre 1977 y 2015, ligados a más de 200 mil clientes y asociados, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ-siglas en inglés) ha encontrado que 1.245 colombianos, han sido partícipes en la creación de empresas de papel.

¿Qué significa esto para Colombia? Además del amplio sensacionalismo a causa del hecho, al dar cuenta de la marcada cultura de ilegalidad, el asunto va más a fondo, pues evidencia nuestra decadente situación fiscal: La reforma tributaria llevada a cabo en nuestro país durante el 2012, en la que se adoptaron los protocolos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otras muchas determinaciones, consagró que los flujos monetarios que salieran hacia un paraíso fiscal deberían ser gravados, es decir, se tendría que aplicar un impuesto u obligación sobre los mismos. Con base en dicha reforma, se está llevando a cabo una negociación entre Colombia y Panamá (según el OCDE, es paraíso fiscal), tendiente a suscribir un convenio de intercambio de información con propósitos fiscales que permita gravar los reflujos de capitales de colombianos en dicho país. Sin embargo, tal estrategia ha resultado de difícil cumplimiento, toda vez que el vecino país ha estado renuente a aceptarla ante el abundante nivel de colombianos que allí invierten.

En este sentido, la Red de Justicia Tributaria advierte que anualmente Colombia pierde alrededor de 6.000 millones de dólares en impuestos, hecho que resulta preocupante, si se tiene en cuenta que la no tributación sobre los recursos genera graves consecuencias para la economía nacional, pues es este uno de los medios con los cuales se financian los programas sociales, sumado a los efectos negativos que genera respecto de la competitividad de las empresas fiscalmente legales.

En atención a lo planteado, se hace necesario que el Gobierno promueva mecanismos adecuados tendientes a repatriar recursos que no han sido declarados en el país, y así, de alguna manera, lograr mayor equidad en la tributación haciéndole frente a la ilegalidad.