En enero de 2003, el gobierno de Álvaro Uribe firmó un acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para un préstamo por USD 2000 millones.
El gobierno se comprometió a un drástico plan de austeridad fiscal, que incluía: aumento del impuesto al patrimonio y al IVA, sobretasa al impuesto de renta, congelación del gasto público, flexibilización del mercado laboral y pensional. En mayo de 2006, el FMI anunció los éxitos de las medidas implementadas, como la privatización de Granahorrar, la reforma laboral que borró del mapa las horas extras y la pensional que eliminó la mesada 14. Además, exigió otra reforma tributaria para eliminar exenciones de IVA y ampliar la base de contribuyentes de renta proveniente del trabajo.
En febrero de 2021, tras desembolsar un préstamo por USD 5400 millones, el FMI volvió con sus baterías recargadas. Contrario a sus discursos en los que promueve un mayor gasto, llegaron a cobrar los recibos. Dijeron que las medidas de emergencia como subsidios y apoyos fiscales “deberían desmontarse” y focalizar el gasto “a los hogares en situación de pobreza”. Aunque en el ministerio de Hacienda posen de autónomos, lo cierto es que el FMI exigió “la ampliación de la base del impuesto a la renta de personas naturales y la reducción de las exenciones al IVA con mecanismos de compensación para proteger a los hogares más pobres”.
Son las mismas recetas de austeridad, en medio de la peor crisis de la historia, y agregando un componente con tinte social que solo cubre a los más pobres de los pobres; el resto, que se defienda como pueda. Igual que en 2006, para 2021 este organismo cuenta con el mismo personaje para materializar sus desastres: Alberto Carrasquilla.
