Las consecuencias de los malos tratados
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Abandono estatal, pobreza, hambre, atraso científico y tecnológico, y un abultado déficit comercial han sido el resultado de los inconvenientes tratados de libre comercio. En 2004 un grupo significativo de ciudadanos y movimientos sociales nos unimos en Recalca para oponernos al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que comenzaba a negociar el Gobierno de Uribe y, posteriormente, a los subsiguientes que se han aprobado en el gobierno de Santos. Durante años demostramos teóricamente y con la experiencia histórica la inconveniencia de suscribir este tipo de tratados. No estábamos en contra de que los colombianos pudieran comprar vehículos estadounidenses, celulares coreanos o vestidos europeos, sino en el reemplazo de la producción nacional por la avalancha de importaciones y que el Estado perdiera su capacidad de intervenir en la economía para buscar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población, como en efecto está ocurriendo. El dogmatismo de los defensores de los TLC y el irresponsable manejo económico del actual gobierno, han impedido que se realice un debate franco sobre estos tratados económicos, que junto a otros acuerdos internacionales están deteriorando la soberanía nacional. Por fortuna, la creciente ilegitimidad y desprestigio del presidente Santos y sus ministros abren la puerta para discutir la necesaria y urgente revisión de los tratados y su rectificación.
Justicia tributaria y paraísos fiscales: José Roberto Acosta
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Panamá es una “zona de distensión” tributaria y, como sucedió con las zonas del Caguán o Ralito en Colombia, estos “paraísos de la flexibilidad” toleran la convivencia de criminales con personas decentes. Panamá ofrece varios servicios, como cualquier país: cuentas corrientes, de ahorros, de inversión, negocios inmobiliarios, etc., pero hay un servicio muy particular y único que es como la capa de invisibilidad de Harry Potter, para ocultar cosas malas, pues ¿para qué ocultar las buenas? Se trata de las sociedades constituidas con acciones al portador y que no se registran en ningún libro público, como sucede con los certificados de existencia y representación legal expedidos por nuestras Cámaras de Comercio, evitando la trazabilidad y seguimiento por un tercero.Y esto sin contar con el impuesto inflacionario, que castiga más a los pobres, pues estos sólo tienen su salario, cada vez más depreciado, mientras los más ricos ven valorizar sus inversiones en Panamá gracias al encarecimiento del dólar, al tiempo que evaden impuestos mediante “suciedades” en Panamá. Algo central en los debates del posconflicto.
Más allá de los Panamá Papers: Camilo Díaz
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Los hallazgos han mostrado que no solo los mafiosos y los gobernantes sátrapas crean sofisticadas estructuras jurídicas y financieras para ocultar sus mal logradas fortunas fruto de actividades ilegales o por esquilmar el erario de los países donde gobiernan despóticamente. Las revelaciones de los Panamá Papers dan cuenta que esas estructuras llamadas sociedades “off shore” son un vehículo de uso frecuente para evadir impuestos y ocultar dinero ilegal, en especial aquel que es pagado a los funcionarios públicos de los más altos niveles por tomar decisiones que favorecen intereses ajenos a los de sus países y los ciudadanos que los eligieron. Usando esas estructuras se reciben sobornos, se capturan dádivas y se tramitan negocios de dudoso proceder. Sin embargo, esas empresas sí se benefician de los ingresos de la sociedad nacional, y de los bienes públicos que provee el Gobierno como la seguridad que nos cuesta más de $25 billones anuales, y de los esfuerzos por mejorar la infraestructura y las instituciones nacionales, además de que hacen sus utilidades gracias a la explotación de los recursos minerales del país.
Otro intento de Colombia por alcanzar acuerdo tributario con Panamá
Del 13 al viernes 15 de abril se desarrolló en Bogotá la octava ronda a puerta cerrada del infructuoso proceso para que el gobierno colombiano convenza al panameño de que puedan compartir información tributaria para combatir desde la evasión de impuestos sobre activos en el exterior, hasta el lavado de dinero del narcotráfico. Esta reunión se cumple seis meses después de que se venció el plazo que, en principio, anunció el Ministerio de Hacienda para alcanzar un acuerdo con Panamá, luego de que fue excluido de la lista de paraísos fiscales, en octubre de 2014, tras la advertencia de aplicar a Colombia igual tratamiento (ley de retorsión). Red de Justicia Tributaria estima en 14.125 millones de dólares los depósitos de colombianos en Panamá. Y esto, pese a la “amnistía” vigente para normalizar la situación tributaria de activos en el exterior.
Gobierno pondrá lupa a colombianos implicados en ‘papeles de Panamá’
Tener cuentas en un régimen ‘offshore’ no siempre implica ilegalidad, pero hay que estar alerta. Colombia, al igual que todos los países del mundo, se está movilizando para poner el ojo en los recursos de colombianos en Panamá, luego del destape de la investigación denominada ‘Panama Papers’, basada en filtración de información del gabinete panameño de abogados Mossack Fonseca, experto en crear empresas de papel. La Red de Justicia Tributaria colombiana señaló: “Colombia estaría perdiendo 6.000 millones de dólares anuales en impuestos, como consecuencia de la falta de mecanismos rigurosos para evitar que los capitales sigan evadiendo a la administración tributaria”. La no tributación sobre los recursos de colombianos en los paraísos fiscales es un golpe a la bolsa fiscal del país, con la cual se financian los programas sociales que benefician a los ciudadanos de menores ingresos. La evasión también genera efecto sobre la competitividad de las empresas que le juegan limpio al país. De ahí la importancia para Colombia, de esclarecer la información y llegar hasta el fondo de los datos revelados por la investigación ‘Panama Papers’.
