Desde hace varios meses se conoce que tres agencias calificadoras extranjeras, las mismas que mantuvieron la calificación Triple A a las denominadas “hipotecas basura” provocando la crisis financiera de 2008, han advertido a Colombia que si no aplica medidas de austeridad fiscal actuarán para que acceder a créditos sea más difícil y costoso.
De hecho, tan solo sus amenazas ya provocaron que el diferencial de los bonos soberanos del país sea de 2,31 puntos porcentuales más alto que los del tesoro estadounidense, unos 84 puntos básicos más alto que el de los países con grado de inversión.
La austeridad fiscal ha causado pobreza y hambre al 42,5 % de la población, en la peor crisis de la historia, pero garantiza el pago del servicio de la deuda. Las autoridades económicas del país y los tanques de pensamiento a su servicio, definieron esta ruta como prioritaria, tal como lo muestra el hecho de que el 58 % de los recursos adicionales que se busca recaudar serán para la sostenibilidad de la deuda. La banca privada está de plácemes viendo cómo la única alternativa ofrecida a países de ingresos medios como el nuestro es un mayor endeudamiento, como lo estableció el FMI en sus reuniones de primavera hace un par de semanas.
Es innegable que el Estado requiere de más recursos para atender dos situaciones: la urgente, que se refiere a la dramática situación social, y la importante, que implica la creación de millones de puestos de trabajo. El gasto público, como se ha probado en países como Estados Unidos, es el factor principal que marca la diferencia entre una recuperación económica o un estancamiento secular.
El presidente Biden presentó el “plan de empleo estadounidense”, una ambiciosa política de reconstrucción de infraestructura e industrialización, que se financiará con un aumento de impuestos de USD 2 billones en los próximos 15 años, así: i) un incremento de los impuestos corporativos hasta llegar a 28 %. ii) Un impuesto global a las compañías estadounidenses localizadas en el extranjero, calculado país por país, para impedir la fuga hacia paraísos fiscales. iii) Alentar a otros países para que impongan impuestos mínimos de 21 % a las corporaciones, para que no haya una carrera a la baja. iv) Evitar que sus empresas puedan reclamara un paraíso fiscal como su residencia. v) Eliminar exenciones tributarias a empresas petroleras. Al plan se suma la idea de que el 1 % más rico pague un 35 % adicional en impuestos. En el papel se lee muy sensato, pero falta que esos impuestos no se vuelvan otra fuente de especulación financiera.
Este tipo de propuestas no han sido siquiera consideradas por el gobierno colombiano, pues la reforma tributaria, rechazada prácticamente por todos los sectores políticos, gremiales y sindicales, no resuelve la regresividad generada en el decil más alto. Según Espitia, los rentistas de capital pagan una tarifa efectiva de impuesto a la renta de 4 %, mientras los que obtienen su ingreso del trabajo pagan unas tres veces más.
Es necesario que las fuerzas políticas del país discutan con criterios técnicos la necesidad de un mayor recaudo sin afectar el consumo de los hogares. Esto implicaría más contratación y profesionalización del personal de fiscalización en renta de la DIAN, que ayudaría a encontrar parte de los $ 30 billones que se pierden por evasión cada año. Adicionalmente, cerrar la fuga hacia paraísos fiscales, que representarían unos $ 7 billones adicionales. También, se vuelve inminente una reestructuración de la deuda que libere recursos del presupuesto.
Es hora de que el empresariado colombiano, el más afectado por la falta de Estado, participe en el debate sobre la necesidad de crecimiento económico real, incitando al Estado a que sea un verdadero socio de la creación de riqueza colectiva y no un compinche de coimas particulares.
