La Red por la Justicia Tributaria interpuso una nueva demanda ante el Consejo de Estado, después de que este órgano dejara una ventana abierta en el fallo que dio vía libre a la privatización de ISAGÉN. El alto tribunal consideró que este alegato era un “hecho sobreviniente” sobre el cual no se iba a referir, porque los demandados (el Gobierno) no habían tenido oportunidad de conocerlo.
De esta forma, la Red acudió nuevamente a la figura de nulidad del decreto por inconstitucionalidad, porque el dinero de la posible venta no ingresarían al Presupuesto General de la Nación, lo que viola la Constitución y la Ley, que obliga al Gobierno a que todos los recursos producto de la enajenación de activos deban incorporarse en los presupuestos de la nación. La prueba de que no se hará de esta forma es que en septiembre de 2015 el Ministerio de Hacienda respondió un recurso de súplica al Consejo de Estado en el que afirma que estos recursos no harán unidad de caja con el presupuesto, siendo “el primer proceso de enajenación de propiedad accionaria de la Nación, cuyos recursos tienen destinación especial”, como afirma el ministerio.
Para Justicia Tributaria, esta actuación viola el artículo 345 de la Constitución, que indica que no “podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso”. En efecto, al no ser aprobado en el Presupuesto, el Gobierno además está desconociendo de manera arbitraria las funciones del Congreso de la República.
Esta nueva acción jurídica se suma a la demanda interpuesta por 12 Senadores de la República, que fue admitida en junio de este año, y sobre la cual fueron radicadas esta semana medidas cautelares urgentes.
Vale la pena recordar que el 11 de noviembre también se radicó el proyecto de ‘Ley ISAGÉN’, respaldado por 38 Senadores, para modificar la Ley que le permite al Gobierno enajenar activos de la nación, obligándolo a que pase por la votación del Congreso.
Todas estas medidas han sido coordinadas por el Comité por la Defensa de ISAGÉN, que durante dos años ha liderado una batalla jurídica y política para impedir la privatización de esta importante empresa que es patrimonio de todos los colombianos.
Karen Reyes
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