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Impacto económico de las acciones de tutela en salud en Colombia
ECONOMIC IMPACT OF HEALTH CARE ACTIONS IN COLOMBIA
Clara Viviana Plazas-Gómez**
Diego Mauricio Moreno-Guzmán***
Fecha de recepción: 2 de febrero de 2017
Fecha de aceptación: 29 de marzo de 2017
Disponible en línea: 30 de noviembre de 2017
Para citar este artículo/To cite this article
Plazas-Gómez, Clara Viviana & Moreno Guzmán, Diego Mauricio, Impacto económico de las acciones de tutela en salud en Colombia, 135 Vniversitas, 325-376 (2017). http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.vj135.ieat doi: 10.11144/Javeriana.vj135.ieat
RESUMEN
En Colombia, la Constitución Política de 1991 adoptó el modelo político de Estado social de derecho y el reconocimiento de los derechos fundamentales o derechos sociales. Este artículo tiene por objetivo revisar y analizar cómo el uso de la acción de tutela con miras a garantizar el derecho a la salud, se incrementó considerablemente durante la primera década de la vigencia de la Constitución, esta situación se ha mantenido en los últimos años, como consecuencia de las falencias y debilidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), establecido por la Ley 100 de 1993. Esto ha generado un impacto económico en las finanzas públicas, además de la división dogmática en el país, por lo que se conoce como activismo de la Corte Constitucional, de cara a las decisiones y órdenes impartidas, con contenido económico y presupuestal.
INTRODUCCIÓN
La salud en Colombia es el segundo derecho más accionado por medio de la tutela1 , lo que convierte esta acción en el mecanismo idóneo para su protección. Pero, a su vez, en el punto de inicio de la controversia por las implicaciones económicas y presupuestales, como consecuencia de las acciones administrativas ordenadas por la Corte Constitucional. El uso de la acción de tutela como mecanismo para reclamar situaciones vinculadas directamente con la salud —reclamaciones por medicamentos y servicios incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS), los costos de tratamiento en enfermedades de alto costo y la financiación de la salud—, tuvo un notorio crecimiento entre 1999 y 2015, al pasar de 21.301 a 151.213 acciones2 , por el deficiente funcionamiento del Sistema de Salud, generado por la negación en la prestación de los servicios en muchos de los casos. Esta problemática se desarrollará a lo largo del presente escrito bajo una visión jurídica-económica, pasando por transformaciones conceptuales referentes a la protección del derecho y el activismo judicial, que ha abierto la puerta al debate, que para algunos debe procurar materializar el derecho a la salud, por tratarse de un derecho humano y, para otros, debe poner límite a la intervención de la Corte Constitucional por sus implicaciones presupuestales.
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