El Mundo. El Ministerio de Hacienda oficializó el martes la decisión de reabrir el proceso de enajenación de las acciones de la Nación en Isagén.

Aunque ya desde el pasado 21 de enero inversionistas potenciales reiniciaron visitas a la empresa. El Gobierno dio plazo hasta el 15 de abril para presentar propuestas que deben superar el precio base de $5,25 billones, que mantiene el valor fijado en agosto de 2013 más el ajuste por inflación.

Isagén es una empresa en alza, pues su valor económico y su importancia estratégica siguen creciendo. Con el inicio de operaciones de Hidrosogamoso, que aumentó en 12% su capacidad, se ha consolidado como la tercera generadora de energía eléctrica del país, con el 15,2% del total, y aspira duplicar sus ingresos operacionales anuales, que en 2014 fueron de $2,4 billones. Aun sin tener esa central y más bien sí registrar muchos de los costos de su puesta en operación, Isagén tuvo utilidades en 2014 por $436.582 millones, con crecimiento de 16,6% sobre las de 2013; estas, además, crecerán de manera importante con la operación de Hidrosogamoso y el aumento en 10% del precio del kilovatio de energía en bolsa, impulsado por la amenaza del Fenómeno de El Niño y la sequía. Reflejo de su buena salud es el precio de su acción en bolsa, la cual pasó del valor promedio de $2.480 registrado el 31 de julio de 2013, en vísperas del anuncio de privatización, al de $3.015 registrado el pasado martes. Así persistan voces que denuncian una supuesta sobrevaloración del precio base de Isagén, las demás cifras demuestran su solidez y amplias perspectivas de crecimiento y consolidación como líder del sector; también confirman que en apenas unos años el Gobierno Nacional podría obtener, mediante el pago de utilidades, los ingresos que espera por la desinversión en este activo.

En la insistencia por aclimatar el propósito de enajenación de Isagén, el doctor Cárdenas Santa María responde al llamado de los analistas a que se reconsidere la decisión de renunciar a la presencia del Estado central en la generación eléctrica destacando que en cualquier caso los activos de generación permanecerían en Colombia. Nadie, señor ministro, teme porque el inversionista potencial exporte el embalse Punchiná, de la central San Carlos, las turbinas de La Miel o los tanques de enfriamiento de Termocentro. Las preocupaciones, justificadas y asentadas en análisis del comportamiento de los compradores de empresas privatizadas en los últimos 25 años, se refieren al escaso compromiso por aumentar la generación cuando no se avizoran ganancias inmediatas, posición que generaría inestabilidad en el sistema eléctrico, peligrosa para un país cuya industrialización aun es incipiente y en el que las entidades públicas del nivel central han demostrado mínima capacidad de control sobre las multinacionales de los servicios públicos, como ha ocurrido con la prestación del servicio de energía en la Costa Atlántica o la reversión de redes de la telefonía celular, acción administrativa que las autoridades se niegan a iniciar.

Coadyuvante al riesgo estratégico que significa la pérdida de control en la generación eléctrica se encuentra la pregunta por el interés de generadoras eléctricas privadas para realizar nuevos desarrollos cuando ellos han de estar acompañados por gigantescas inversiones en acciones sociales, que no serán recuperables en flujo de caja y que están dirigidas a mejorar las condiciones de vida de comunidades asentadas y migrantes a las zonas vecinas a los proyectos, así como a desactivar el vandalismo impulsado por multinacionales de la protesta contra el sector hidroeléctrico. Las inversiones no rentables en desarrollo y promoción de las organizaciones ciudadanas explican las posibilidades de Isagén para avanzar en Hidrosogamoso, y de EPM para continuar con las obras en Hidroituango, y demuestran que el sector enfrenta amenazas no admisibles para inversionistas privados que legítimamente buscan la mayor rentabilidad de sus inversiones.

Se ha presentado como simple coincidencia que el Ministerio de Hacienda hubiese oficializado este paso cuando se conocieron los resultados a la baja en Ecopetrol, que anuncian menores posibilidades para el Gobierno financiar el presupuesto de 2015. El Gobierno insiste en que los recursos por la venta de Isagén se dirigirían a un fondo para financiar las autopistas 4G, proyecto de gran interés para inversionistas en infraestructura, que no necesitarían de recursos que, por el contrario, son fundamentales para consolidar el eléctrico como sector principalísimo (y alternativo al petrolero) en el desarrollo económico y social del país.