El Tiempo. Minhacienda radicó recurso de súplica ante Consejo de Estado. Solicita anular medida cautelar.

Con el argumento de que se debe evitar un perjuicio irremediable para el país, el Ministerio de Hacienda radicó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica, a través del cual solicita levantar la medida cautelar que ese alto tribunal profirió el viernes pasado, el cual detuvo el proceso de venta de la generadora de energía Isagén.

De acuerdo con los argumentos del Ministerio, la demanda “carece de sustento procesal y normativo”, lo que se suma a “la urgencia que se requiere para evitar que el proceso de enajenación de las acciones de la Nación en Isagén sea imposible de llevar a cabo. Esto afectaría verdaderamente el interés público”, indica el Gobierno en el recurso.

La solicitud expresa es “la inmediata y urgente revocación de la providencia impugnada y la medida cautelar decretada”, para lo cual, esperan que el alto tribunal se pronuncie en menos de 20 días, toda vez que “la prolongación de la suspensión provisional de los efectos del decreto 1609 de 2013 (autoriza la venta de Isagén), generará desincentivos para los posibles interesados en ofertar por las acciones de la compañía, objeto del programa de enajenación, lo que a su vez podría llegar a afectar la maximización del precio de venta que se ha estructurado a través del mecanismo de subasta”.

Como se recuerda, la venta de Isagén ha sido un proceso fallido en anteriores gobierno. En el actual, es la segunda oportunidad en la que el trámite se suspende, esta vez, por una decisión de una de las salas del Consejo de Estado, atendiendo tres de las 9 demandas que cursan contra la enajenación de este activo.

Los demandantes son Helber Adolfo Castaño; Enrique Daza Gamba, y Rodrigo Toro Escobar, quienes de manera individual hicieron la misma solicitud: detener la venta por considerarla inconveniente para Colombia, pues argumentan que es un bien público rentable.

El Gobierno, entre tanto, inició la privatización de la tercera generadora de energía más grande del país, en la que el Estado tiene una participación del 57,6 por ciento, con lo cual pretende conseguir más de 5 billones de pesos que serán inyectados a la Financiera de Desarrollo Nacional, encargada de poner en marcha los proyectos de infraestructura 4G.

Por otra parte, y en medio de las preocupaciones por la estrechez de recursos para la infraestructura, y de la oposición a la venta de Isagén, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) lanzó la propuesta de que se modifique la regla fiscal, ley diseñada para evitar desbordes de carácter financiero.

En un foro sobre la infraestructura en el Plan de Desasrrollo organizado por Anif y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Sergio Clavijo, presidente de Anif, planteó que haya “cláusulas de escape a la regla fiscal”, lo que permitirá que el déficit se aumente en 0,3 por ciento del PIB cada año con el propósito de acelerar la financiación de las obras.

Según Clavijo, la regla fiscal “nos está apercollando a un punto en el cual absurdamente Colombia estaría bajando su endeudamiento de 40 por ciento del PIB a 20 por ciento”.