El Consejo de Estado negó la solicitud de doce congresistas para que se interpusiera una medida cautelar que frenara, una vez más, la venta de la generadora de energía Isagén.

El alto tribunal se basó en los argumentos de una decisión del 10 de septiembre pasado en la aprobó la venta de Isagén y avaló los decretos del 2013 con los que el Gobierno puso en venta esta empresa. En ese mismo fallo levantó unas medidas cautelares que había impuesto en mayo para congelar la venta, después de recibir demandas contra ese negocio.

De fondo, el fallo de septiembre se basó en que se desestimó el supuesto riesgo para el patrimonio de la Nación que alegaban los demandantes que pedían frenar la negociación de la empresa.

En esta decisión, el Consejo de Estado ratificó que “el Gobierno “sí estaba facultado para enajenar la participación accionaria que la Nación posee en Isagén”.

Confirmó, además, que “los decretos 1609 y 2316 del 2013 (con los que el Gobierno puso en venta a la empresa) cumplieron los mandatos del artículo 60 de la Constitución y de la ley 226, en especial, los principios de democratización, preferencia, protección del patrimonio público y continuidad del servicio”. Agregó que los destinatarios pudieron comprar acciones, al punto que obtuvieron 1.4 millones de acciones.

En este fallo salvó voto el magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez, quien aseguró que sí existían razones para anular el decreto que permitió la enajenación de la hidroeléctrica, pues “había fijado condiciones restrictivas para la compra de acciones de parte de personas naturales”.

La senadora Gaviria, una de las congresistas que interpuso la solicitud, aseguró que la decisión del alto tribunal es un “desacierto, al desconocer  los argumentos contundentes que hemos presentado para suspender esa venta y al no oír el clamor de muchas organizaciones sociales que se han pronunciado repetidamente contra esa transacción”.

“Tomado de El Tiempo, Colombia”