La travesía del cambio de dueños de Isagén no ha finalizado. Aunque el fondo de inversiones Brookfield ya es propietario del 57,6% de la participación accionaria, los minoritarios tienen que definir lo antes posible si van a vender. Este es el caso de las Empresas Públicas de Medellín.
La empresa tiene el 13% de la generadora y, si bien para algunos no tiene sentido que se quede con esa inversión, el Concejo de Medellín se apresta para dar un debate contrarreloj, pues en menos de dos meses se haría la oferta pública de adquisición voluntaria (OPA).
El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez Zuluaga, aseguró que el plazo para que la corporación apruebe la venta de las acciones, por las que Brookfield pagaría $1,48 billones, no debe superar el último día de este mes. Sin embargo, aunque el burgomaestre aseguró que entre el lunes y el martes radicaría el proyecto de la venta, al cierre de esta edición no lo había hecho.
“EPM seguirá siendo una empresa 100% pública, pese a que se venda el 13,4 de las acciones que tiene en Isagén”, aclaró el alcalde. Según Gutiérrez Zuluaga, la operación no pone en riesgo el futuro de EPM, empresa que genera el 23,5% de la capacidad instalada del país.
Los mismos argumentos que permearon la discusión por la subasta —pérdida de soberanía energética y una mala valoración de la compañía— hacen parte del discurso de algunos concejales de la capital de Antioquia.
Mientras organizaciones como Fedesarrollo insisten en que “el precio de venta de cada acción fue 48% superior al precio en bolsa y 14,4 veces el Ebitda”, algunos cabildantes manifiestan que la participación de EPM en Isagén garantiza cierto dominio sobre los recursos naturales utilizados para la generación.
Para la concejal del Polo Luz María Múnera, los plazos que estableció el mandatario local no corresponden a la importancia del tema. “En el respeto por el patrimonio público, la ciudadanía, los diferentes entes públicos y las universidades deberían poder participar de una manera mucho más tranquila”.
De acuerdo con Múnera, el argumento de un posible detrimento patrimonial no tiene ningún sustento, porque si no se hace la venta los papeles seguirán en propiedad de la empresa. “Si la acción vale un peso o no, eso no importa. Seguramente va a bajar, pero ¿costará menos en cinco años?”.
Sin embargo, una fuente cercana al caso explicó que, si el precio que le están ofreciendo a EPM es interesante, la firma puede adquirir otros activos. “Estas acciones probablemente van a deslistarse de la bolsa, y si eso pasa el precio puede caer, por eso no se ve tan bueno quedarse”, comentó.
Entretanto, María Paula Aguinaga, del Centro Democrático, tiene una idea totalmente contraria sobre el tema. La decisión del Grupo Santo Domingo con la venta de Bavaria da luces sobre una decisión empresarial que se podría comparar con el caso de EPM e Isagén.
“Santo Domingo prefirió, en el año 2005, pasar de ser accionista de Bavaria a ser minoritario de SabMiller. Aunque sea otro sector y otra dimensión, hay que evaluar a largo plazo. Brookfield no compró para perder plata. Las decisiones que se están tomando con EPM son a corto plazo”.
Sin embargo, para el concejal Ricardo León Yépez, de Cambio Radical, la discusión debería estar enfocada en definir en qué proyectos deberían invertirse los $1,4 billones que costaría la participación de la empresa en Isagén. Pese a que fue uno de los que se opusieron a la subasta, reconoce que la generadora fue privatizada.
“No soy privatizador, pero cuando tenemos un puesto en el que nuestra voz ya no va a importar y dejamos los recursos allá, casi que estaríamos fortaleciendo a la competencia con recursos de la ciudad. Tenemos que invertir en un proyecto, nada de cemento inservible”.
Datos de la oficina de Yépez demuestran que en este momento el “precio de oportunidad es del 30% por encima del valor de la acción”. “Si no vendemos dejaríamos de recibir entre $400.000 millones y $500.000 millones”, dijo el concejal, y agregó que “esto no hay que analizarlo demasiado”.
Ninguno de los políticos consultados para este artículo reconoció estar a favor o en contra de la venta de las acciones, pero todos coincidieron en que los argumentos esgrimidos para justificarla hasta ahora no tienen la solidez necesaria para tomar la mejor decisión.
“Tomado de El Espectador , Colombia”
