La situación fiscal en Colombia empeora bajo el mandato de Gustavo Petro. En 2025, el déficit fiscal podría superar el 7,5 % del PIB, mientras la deuda pública se acerca al límite del 60 % del PIB establecido por las agencias calificadoras. La caída en los ingresos de Ecopetrol y la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal han agravado las señales de alerta económica.
El déficit y el endeudamiento han crecido, la inversión pública se ha estancado y las calificadoras de riesgo han reducido su perspectiva para el país.
En este contexto, la sostenibilidad fiscal se ha convertido en una de las mayores preocupaciones económicas. Aunque se han registrado avances puntuales en el recaudo tributario, persiste una tendencia creciente del déficit acompañada de un mayor endeudamiento.
La menor rentabilidad de Ecopetrol, producto de la política en contra de los hidrocarburos, ha afectado los ingresos, así como el bajo crecimiento económico.
Otro reflejo del ajuste fiscal es la cancelación del Censo Nacional 2025 por parte del DANE, ante la falta de recursos. La operación estadística fue pospuesta hasta 2030, lo que implica que las políticas públicas deberán basarse en proyecciones y no en datos actualizados.
Déficit fiscal en aumento
Durante el mandato de Petro, el déficit fiscal ha aumentado. En 2022, el déficit se ubicó en 5,3 % del PIB. Para 2023, se logró una reducción hasta el 3,2 %. Sin embargo, en 2024 el déficit llegó al 6,8 % del PIB, el nivel más alto en 20 años fuera del periodo de la pandemia. Superó las previsiones iniciales por 20 billones de pesos y alcanzó un faltante de 115 billones.
Las proyecciones más recientes advierten que el déficit fiscal de Colombia en 2025 podría ubicarse entre el 7,4 % del PIB, según Corficolombiana, y el 7,8 %, según el Banco de Bogotá, muy por encima de la meta oficial del 5,1 % establecida en el Plan Financiero.
Este deterioro obedece principalmente a una sobreestimación del recaudo tributario y a la negativa del Gobierno a recortar significativamente el gasto público. Corficolombiana calcula que el desbalance a financiar podría superar entre 26 y 47 billones de pesos lo previsto inicialmente. Esto en consecuencia podría implicar el alza de las tasas de los TES.
Por su parte, el Banco de Bogotá advierte que, sin medidas urgentes de contención del gasto o incremento de ingresos, el déficit podría traducirse en un faltante de hasta 138 billones de pesos para fin de año. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) reportó que, al cierre de marzo, el déficit ya alcanzó el 2 % del PIB, el nivel más alto en 20 años para ese periodo, y alertó sobre un gasto que crece más rápido que los ingresos.
Se trata de estimaciones que proyectan un déficit fiscal más alto que el presentado por el Gobierno en el Plan Financiero de 2025 (5,1 %).
Recaudo tributario débil
En paralelo, el Gobierno ha impulsado medidas para aumentar el recaudo tributario. En 2023, este se elevó del 19,7 % al 22,2 % del PIB, en parte gracias a la anticipación de retenciones en la fuente.
Sin embargo, en 2024, el recaudo tributario de la Dian fue de 267,2 billones de pesos, lo que representó una caída del 4,3 % frente al año anterior, a pesar de que los efectos de la reforma tributaria de 2022 se materializaron desde 2024.
Para el primer trimestre de 2025, la Dian reportó un recaudo de 72,14 billones de pesos, un 6,8 % más que en el mismo periodo de 2024. No obstante, persisten dudas sobre si el Gobierno está cumpliendo sus metas fiscales.
Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá advierte que es difícil hacer esa evaluación debido a diferencias metodológicas entre las cifras de la Dian y las del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que fijó una meta de 72,2 billones de pesos hasta marzo.
https://x.com/IEBancodeBogota/status/1932910992008302900
Aunque el desfase es leve (0,1 billones), el CARF ya había advertido en febrero que los ingresos netos iban 3,5 % por debajo de lo estimado. A esto se suma el análisis del Banco de Bogotá, que proyecta un faltante fiscal de entre 5 y 6 billones de pesos, mientras que la decisión del Gobierno de implementar nuevamente anticipos tributarios es vista como una señal de presión fiscal.
Endeudamiento al límite
El Presupuesto General de la Nación para 2025 se estableció en 523 billones de pesos, sustentado por unos ingresos proyectados en 511 billones; la diferencia de 12 billones se esperaba financiar con la Ley de Financiamiento, que no prosperó en el Congreso.
El pago del servicio de la deuda sube a 112,6 billones de pesos, un 19,1 % más que en 2024. Esta cifra refleja la presión creciente del endeudamiento sobre las finanzas públicas.
La deuda externa del sector público llegó a 112.989 millones de dólares en marzo de 2025 (26,8 % del PIB), y la deuda total alcanza el 59,2 % del PIB, muy cerca del límite del 60 % señalado por agencias calificadoras como Standard & Poor’s para mantener la confianza de los inversionistas.
Esto limita la capacidad de inversión pública, que se redujo en 17,4 %, mientras que el gasto de funcionamiento aumentó un 6,2 %.
Cláusula de escape: señal de alarma
Frente a este panorama, el gobierno Petro activó la cláusula de escape de la Regla Fiscal, que permite superar temporalmente los límites legales de déficit en situaciones de crisis económica. Esto contrasta con el discurso del Gobierno sobre el buen desempeño de la economía.
La medida, pensada para tres años, debe ser presentada por el Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, donde se detalle cómo será el plan para retornar a la regla fiscal.
La activación de esta cláusula podría llevar el déficit fiscal a un 7,5 % del PIB en 2025, el segundo más alto en más de un siglo. Esta decisión ha generado fuertes críticas entre economistas y analistas del mercado, que temen un deterioro aún mayor en las finanzas públicas y la pérdida de confianza en la política fiscal del país.
Ecopetrol: menos transferencias al Estado
A esta situación se suma que la petrolera estatal, una de las principales fuentes de ingreso del Gobierno colombiano, ha tenido un desempeño financiero y operativo débil, en medio de la política antipetrolera de Gustavo Petro y sus ministros de Minas.
En 2022, Ecopetrol registró una utilidad neta récord de 33,4 billones de pesos, la más alta en la historia de la compañía. Sin embargo, en 2023 la utilidad neta cayó a 19,1 billones (-42 %) y, en 2024, continuó su descenso y se ubicó en 14,9 billones (-21,7 %).
En cuanto a producción, en 2022 la empresa produjo aproximadamente 709,5 mil barriles de petróleo equivalente por día (kbped). En 2023, Ecopetrol alcanzó una producción récord de 737 mil barriles diarios, la cifra más alta en ocho años.
Para 2024, la producción total subió a 746 mil barriles por día, un incremento del 1,3 % respecto a 2023, la más alta en nueve años. De este total, 644,5 mil barriles diarios correspondieron a producción en Colombia, que disminuyó un 2,8 % frente a 2023, mientras que la producción en la Cuenca del Pérmico (Estados Unidos) creció significativamente.
A pesar de este hecho, la administración del presidente Gustavo Petro rompió un contrato clave para continuar la explotación en el Pérmico y ha solicitado en repetidas ocasiones la venta de este activo, generando incertidumbre sobre el futuro de esta producción internacional.
Como resultado, las transferencias realizadas por la empresa en 2022 alcanzaron aproximadamente 42,4 billones de pesos. En 2023 se incrementaron a cerca de 58 billones, un récord histórico, pero en 2024 cayeron a poco más de 40 billones, incluyendo dividendos, regalías e impuestos, lo que representa una disminución superior al 31 % en comparación con 2023.
Calificadoras de riesgo en alerta
Las agencias internacionales han respondido con cautela. Fitch Ratings y S&P mantuvieron la calificación de Colombia en BB+, pero cambiaron la perspectiva de “estable” a “negativa” en 2025, señalando preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal, la alta carga de intereses y la dependencia de los commodities.
Moody’s, aunque aún mantiene el grado de inversión, también pasó a perspectiva negativa y advirtió sobre un posible deterioro si no se corrigen los desequilibrios fiscales.
Los bancos internacionales como UBS y Morgan Stanley han alertado sobre la pérdida de credibilidad fiscal. La incertidumbre política ha sido un factor adicional que pesa en la evaluación del riesgo país.
