El Gobierno expidió el Decreto 0572 en junio de 2025 para anticipar el cobro de impuestos empresariales y así aliviar el déficit fiscal del país. La norma incrementa las tarifas de retención y autorretención en la fuente, mecanismos que operan como anticipos del impuesto sobre la renta. Al haber sido expedida por vía administrativa, sin aprobación del Congreso, ha suscitado críticas sobre su legalidad, posibles efectos en el consumo y advertencias de demandas de nulidad.

Lo más llamativo es que esta medida se implementó mediante un simple decreto, sin pasar por el Congreso, donde se debaten las leyes. Es como si el Gobierno hubiera buscado un atajo para obtener recursos con mayor rapidez.

Esta podría ser una solución a corto plazo que le permitiría al Ejecutivo disponer de fondos de manera inmediata. Sin embargo, muchos señalan que se trata de una reforma tributaria encubierta, lo que genera gran incertidumbre, pues un decreto es más fácil de anular en los tribunales que una ley aprobada por el Legislativo.

¿Por qué tanta prisa? El afán por los recursos y la presión del FMI

El Ministerio de Hacienda afirma que con este decreto busca mejorar la eficiencia en el recaudo de impuestos, reducir la evasión y asegurar el funcionamiento del Estado sin sobresaltos. En sus palabras, pretende “suavizar el recaudo tributario” y ofrecer mayor “previsibilidad”. También reconoce que necesita “aliviar las presiones de caja” durante 2025.

Lo cierto es que la situación fiscal del país es delicada. En 2024, el Gobierno gastó mucho más de lo que recaudó, lo que dejó un déficit fiscal del 6,7 % del PIB, superior a lo previsto y comparable con el nivel registrado durante la pandemia. Esta brecha se explica por una menor recaudación tributaria y un gasto público superior al proyectado. Además, las obligaciones pendientes de años anteriores están reduciendo la disponibilidad de recursos para el presente año.

Con este panorama, el Gobierno enfrenta una fuerte presión para reducir el déficit en 2025, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está observando de cerca que cumpla con sus metas. De hecho, en abril el organismo advirtió que podría retirar la Línea de Crédito Flexible si no se sinceraban las cuentas en junio con la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Por ello, varios expertos y gremios consideran que este decreto es una señal de urgencia fiscal. Es como si el Gobierno estuviera recurriendo a ingresos futuros para atender las necesidades del presente. La gran pregunta es: ¿qué ocurrirá el próximo año cuando esos recursos ya no estén disponibles?

El golpe al bolsillo: Empresas con menos recursos y alimentos más caros

Este decreto ha sido un verdadero baldado de agua fría para empresarios y gremios, quienes lo han calificado como una reforma tributaria por decreto.

En su cuenta de X, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, fue enfática: “Una reforma por decreto (0572) que da pan para hoy… y hambre para mañana. Sin caja no hay empresa. Sin empresa no hay empleo. Sin empleo no hay ingresos. Y sin ingresos, no hay país”. Criticó que el Gobierno esté “exprimiendo la caja de las empresas para tapar el hueco fiscal de este año, sin explicar en qué se usará el dinero adicional”.

Al aumentar las tarifas de autorretención, las empresas dispondrán de menos recursos mensuales para operar, invertir o incluso pagar salarios. Es como si se les cobraran hoy los impuestos de los productos que esperan vender el próximo mes, aunque aún no los hayan comercializado. Esa es, en esencia, la lógica de la medida.

Según Miguel Ángel Rodríguez, investigador de Cedetrabajo, las microempresas representan entre el 89 % y el 93 % del total de empresas, y “si estos negocios tienen menos recursos disponibles, es más difícil que crezcan, inviertan o contraten nuevo personal. Incluso, algunas podrían verse obligadas a reducir personal o cerrar”.

Además, Rodríguez advierte que esta medida podría incidir en un alza de la inflación de alimentos, ya que el decreto incrementa la autorretención para actividades como la agricultura, la ganadería y el comercio de alimentos. “Por ejemplo, el supermercado del barrio ahora pagará un 1,20 % más en autorretención. Si a ellos les cuesta más, es muy probable que trasladen ese costo al consumidor en el precio final de la comida”, explicó.

Esto es grave, porque los alimentos ya tienen precios elevados: en abril de 2025, la inflación anual fue del 5,16 %, y los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los que más subieron ese mes. Este fenómeno afecta con mayor intensidad a los hogares de menores ingresos, que destinan la mayor parte de su presupuesto a la alimentación.

Expertos también señalan que esta medida amplía indirectamente la base gravable del impuesto sobre la renta, lo que significa que más personas naturales y jurídicas podrían terminar pagando, aunque no estén formalmente incluidas mediante una ley aprobada por el Congreso.

El exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, advirtió que los trabajadores independientes verán sus tarifas de retención incrementarse del 0,5 % hasta el 3,5 %. Esto podría derivar en mayores costos logísticos para los productos dentro de la cadena de distribución, especialmente en el transporte de carga, lo que potencialmente elevaría la inflación y afectaría al consumidor final.

La batalla legal y los famosos 7 billones: ¿se puede reversar el decreto?

Como era previsible, este decreto ya enfrenta demandas de nulidad. La senadora María Fernanda Cabal y la concejala Diana Diago han anunciado que lo impugnarán, argumentando que constituye una “reforma tributaria sin pasar por el Congreso” y una “expropiación” a los empresarios. Incluso Lisandro Junco lo ha calificado de “irresponsable” y advierte que podría provocar un “cese de pagos” en algunas empresas.

¿En qué consiste una demanda de nulidad? Es un proceso judicial mediante el cual el Consejo de Estado analiza si el decreto cumple con la Constitución y las leyes. Si la demanda prospera, el decreto sería declarado ilegal y quedaría sin efectos.

En tal caso, el Gobierno perdería los recursos que esperaba recaudar con esta medida, que según la DIAN ascienden a 7,38 billones de pesos. Aunque el Ejecutivo sostiene que se trata de un anticipo y no de un nuevo impuesto, expertos como Luis Fernando Mejía, de Fedesarrollo, estiman que el adelanto podría alcanzar hasta los 13,9 billones de pesos.

El problema es que, más allá de la cifra exacta, estos recursos funcionan como un “préstamo” de los ingresos de 2026. Es decir, el Gobierno está utilizando dinero del futuro para cubrir las necesidades del presente. Si el decreto se anula, el Ejecutivo enfrentaría un problema fiscal aún mayor en 2026, lo que podría obligarlo a buscar otras fuentes de financiación o a aplicar recortes drásticos en el gasto público.