Se hicieron nuevos esfuerzos por detener la venta de ISAGÉN
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Los senadores Jorge Enrique Robledo, Sofía Gaviria, Antonio Navarro, Viviane Morales y Ernesto Macías, así como la Red de Justicia Tributaria y Sintraisagén, radicaron el lunes 18 de enero una acción ante la justicia contenciosa administrativa. En ella se demandó el proceso de adjudicación de las acciones de Isagén del pasado 13 de enero en la Bolsa de Valores, que violó los derechos a la libre competencia, ocasionó un detrimento en el patrimonio público y afectó gravemente la moralidad administrativa, se exigió que se declarara ilegal y que no se perfeccionara la venta. Según los demandantes, el proceso aún puede detenerse porque tanto el Gobierno Nacional como el fondo de inversiones Brookfield tenían suficiente información sobre los procesos legales en curso. Además, conociendo las dificultades que ha afrontado la venta, el Ministerio de Hacienda cambió las reglas de juego a última hora. La premura del gobierno en concretar la operación y recibir los dineros hizo caso omiso de estas acciones legales sobre las cuales no hay un pronunciamiento definitivo del Consejo de Estado.
ISAGÉN en un gobierno antinacional: Mario Alejandro Valencia
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Durante dos años y medio el Comité por la Defensa de Isagén logró frenar la privatización más polémica en la historia reciente del país. Se comprobó hasta la saciedad que no había justificación técnica, administrativa, financiera ni política para su venta. La única explicación para vender a Isagén es la política antinacional del presidente Juan Manuel Santos y de su ministro Mauricio Cárdenas Santamaría, protagonistas durante décadas de actuaciones lesivas, desde Dragacol, pasando por el acuerdo que Santos negoció en 2009 para que se instalaran siete bases militares gringas, la quiebra deliberada de Ecopetrol y finalmente la venta de Isagén. Ojalá los colombianos recuerden para siempre que Juan Manuel Santos y Mauricio Cárdenas Santamaría fueron los responsables de que el país perdiera su soberanía energética.
Después de ISAGÉN, ¿van por las pensiones?: José Roberto Acosta
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¿Cuántos afiliados conocen a su representante en la junta directiva de su sociedad administradora de fondos pensionales (AFP)? ¿Cuántos de estos usuarios financieros tienen claros sus riesgos o si los clasificaron en el perfil conservador, moderado o arriesgado? ¿Acaso algún afiliado sufre si las acciones bajan, o los bonos públicos o privados pierden valor, o si alguna concesión vial como Bogotá- Girardot quiebra? Pues no. Estos multimillonarios recursos parecieran no tener doliente. Tal vez por esto es que el Gobierno ya les echó mano para usar parte de este ahorro privado en sus intereses públicos y, mediante el decreto 1385 del pasado 22 de junio, permitió que los dueños de las AFP puedan hacerse autopréstamos con los recursos administrados, siempre y cuando el destino del crédito sean las obras de infraestructura de 4G, el mismo pretexto con el que se justificó la venta de Isagén.
La locura de vender ISAGÉN costará $70.000 millones: Camilo Díaz
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La pérdida de control estatal de Isagén ocasionará la activación de una cláusula contractual por $70.000 millones aproximadamente. Esa cláusula nace de un empréstito adquirido por Isagén en el año 2005 con la Power Trust Financial Limited, que tiene garantía de cumplimiento de la Nación y de la agencia estadounidense Overseas Private Investment Corporation, Opic. La Opic dio garantías y respaldó el crédito por ser una empresa de control estatal, para apoyar el desarrollo del sector eléctrico del país. El saldo de la deuda a septiembre de 2015 eran $382.000 millones con una tasa de interés del IPC +5,25% y amortización semestral. La contrapartida de esa garantía es que si la empresa es vendida por el estado o este pierde su control se debe pagar inmediatamente el saldo por cancelar del crédito, pero compensando a la Opic los flujos de caja que dejara de recibir por concepto de intereses. En conclusión, la venta de Isagén acarrea cancelar una multa equivalente a $70.000 millones aproximadamente.
Primero se votará plebiscito por la paz, luego reforma tributaria
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El presidente Juan Manuel Santos y los representantes de los partidos políticos en la Unidad Nacional, tomaron la decisión de aplazar, la cuestionada reforma tributaria. Esto se da luego de que la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria Estructural finalizara el informe, que al inicio de este año se filtró a la prensa nacional, y que generó reacciones en contra e indignación en los colombianos ya que plantea, entre otras cosas, que el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) se modifique del 16% a tres distintos cobros: 5%, 10% y 19%. El documento, de 261 páginas, recomienda aplicarle el IVA del 5% para los útiles escolares. Asimismo, propone que las personas naturales que ganen más de $1,5 millones entren a declarar renta, esto, teniendo en cuenta que la base gravable actual en el país es de dos millones de colombianos, por lo que si se llegara a incluir esta medida, cinco millones en total quedarían obligados a pagar ese impuesto.
Recaudación de impuestos sube un 8,2% en 2015
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De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en el 2015 el recaudo bruto de los impuestos que administra la entidad alcanzó los 123,7 billones de pesos, una variación nominal de 8,2 por ciento frente al 2014, año en el que se recaudaron 114,3 billones de pesos, superando la meta establecida de 123,5 billones de pesos. El recaudo neto, descontando los pagos de impuestos en títulos (básicamente títulos de devolución de impuestos Tidis) y devoluciones en efectivo, llegó a los 116,1 billones de pesos. El crecimiento del 8,2 por ciento del recaudo bruto 2015, en relación con el 2014, se explica por el comportamiento del recaudo por retención en la fuente (a título de renta, retención de IVA y timbre), en el que se observó un incremento de 12,6 por ciento, pasando de 31,5 billones de pesos en 2014 a 35,5 billones de pesos en el 2015, con una participación en la variación de 3,5 por ciento.
