El Ministerio Público elevó la solicitud al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentado que con dicha venta se vulneraría el derecho colectivo al patrimonio público.

A juicio del órgano de control no existen estudios verídicos que den cuenta del costo de la empresa de energía, razón por la que se desconocen los riesgos con su eventual venta.

Además pide explicaciones sobre en manos de quien quedaría la empresa y si se afectaría la prestación del servicio público.

Por último ordena la suspensión de los actos de venta por parte del presidente, del consejo de ministros y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.