Más del 90% de los productos de la canasta familiar serán gravados con IVA quedando por fuera solo la salud y los servicios públicos.
Se proyecta una tarifa de IVA del 18% en 2019 y de 17% en 2020, según la propuesta de reforma tributaria que llevará el Gobierno al Congreso esta semana. El anuncio fue hecho por el director de la DIAN, José Andrés Romero Tarazona.
Por fuera de esa carga tributaria solo se salvarían salud y los servicios públicos. “Queremos universalizar el IVA, para que sea un impuesto mucho más equitativo, compensando a las personas de menores recursos y asegurándonos de que ese IVA que las personas paguen se les pueda compensar mediante un mecanismo eficiente y que realmente funcione”.
El funcionario indicó que se busca bajar la tasa del IVA del actual 19%, siendo una de las más altas de Latinoamérica y “creemos que para poder reactivar la economía esa tasa tiene que bajar en una primera instancia al 18% y, posteriormente al 17% muy rápidamente durante este gobierno”.
El director de la Dian indicó que para la devolución del IVA a las personas de los estratos bajos se hará mediante un mecanismo especial parecido al actual Sisbén. Ese mecanismo “va a garantizar, teniendo en cuenta los diferentes rangos de las familias, su consumo y teniendo en cuenta cuál es el nivel de IVA que ellos deberían estar consumiendo”, dijo.
Romero insistió en que se van a dejar por fuera unos pocos productos de la canasta familiar sin IVA como la salud y los servicios públicos. “De resto, casi todos los productos de la canasta familiar van a estar incluidos como es la tendencia a nivel internacional”, dijo el funcionario.
Recordó que en la región casi todos los países tienen una universalidad de IVA o una “casi universalidad como es la que estamos proponiendo acá en Colombia”.
El director de la DIAN aclaró que al gravar la canasta familiar lo que se está haciendo es “quitando la exclusión”, lo cual no puede ser inconstitucional.
Por los menos tres millones de familias serán beneficiadas con la devolución del IVA.
En cuanto al impuesto sobre la renta, el director de la DIAN explicó que las personas naturales con bajos tendrán una deducción fija que los ayude a establecer una base que consulte su capacidad contributiva y a los de altos ingresos van a tener una carga tributaria adicional del 35% para subir al 37%.
Una persona que se gana hasta $10 millones es clase media y a partir de esta cantidad tendrá limitaciones y los ricos son aquellos con ingresos de $50 millones mensuales que son las personas que pueden contribuir mucho al país.
El gobierno espera conseguir los recursos con la reforma tributaria para cubrir el hueco fiscal de $14 billones. “Hay otras iniciativas que nos van a ayudar a recoger mayores impuestos como son las de simplificaciones de los sistemas, facilidades de conciliaciones y transacciones para los pagos, vamos a tener un impuesto de normalización tributaria para que las personas legalicen los patrimonios no declarados que se encuentran en el exterior o en Colombia pero que no están declarados y que no vienen pagando impuestos”.
El funcionario aclaró se creará un impuesto a la riqueza pero que no afectará a las empresas. Será para las personas naturales con patrimonios supriores a los $3.000 millones, lo mismo para quienes ganan más de $50 millones mensuales, “ellas están en capacidad de contribuirle más al país, pero sin afectar a las empresas que son el motor de la economía”.
En la propuesta de reforma fiscal se incluirá el delito de evasión tributaria y hacerlo excarcelable a partir de ciertas cuantías “porque no puede ser un mecanismo para simplemente cobrar” y convertir a la Fiscalía en una especie de “chepito de la DIAN”.
El impuesto a las transacciones financieras se niega a desaparecer. La iniciativa de reforma tributaria contempla que el 4 por mil sea un mecanismo de recaudo el 50% de ese tributo va a ser descontable del impuesto a la renta lo que va a llevar que la tarifa de renta de los microempresarios baje.
Se estima que en Colombia hay 750.000 empresas de $2.800 millones de facturación que se encuentran en la informalidad. Eso quiere decir que hay 250.000 empresas declarantes mientras que 750.000 de ese mismo nivel de ingresos no cumplen con las obligaciones tributarias. “Eso es nocivo para la economía del país, eso contribuye con el contrabando, contribuye y afecta con la informalidad laboral” para atacar ese fenómeno “estamos proponiendo un régimen simple de tributación que incluya el impuesto de industria y comercio, el impuesto de renta que los restaurantes incluya al consumo, que incluya el pago de seguridad social y de las pensiones”.
Tomado de: El Espectador